EFE | Santa Cruz
El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ha afirmado hoy que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2013 disminuye las partidas para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y prevé un cambio legal que supone “una forma encubierta de desmantelarla”.
Los trabajadores sociales consideran en un comunicado que es “incomprensible” que, cuando la crisis recrudece en el Archipiélago y, según un informe de los técnicos de Hacienda, ya son 1.001.221 (el 47 por ciento de la población) los canarios que viven en precariedad económica, los presupuestos prevean una disminución de casi 17 millones de euros en las partidas destinadas a políticas sociales.
Sin embargo, para el Colegio es “aún más alarmante” que se pretenda “adelgazar” la asignación económica de la PCI y modificar la Ley para hacer que su cumplimiento sea más laxo para la Administración.
Al respecto, advierte de que el retroceso de las partidas destinadas a la PCI supone 4,7 millones que se retraen de la partida directa y del fondo destinado a los municipios para que estos contraten personal que la tramite.
También es “muy grave” el cambio legal que pretende el Gobierno, según los trabajadores sociales, quienes, además de otros defectos de la modificación de la Ley, se refieren a la desprotección que supone que se cambie el concepto del silencio administrativo, que se convertirá en desfavorable para el ciudadano si transcurrido los seis meses no ha dictado una resolución expresa la Consejería de Bienestar Social.
Asimismo, destacan que resulta especialmente llamativo que se elimine el artículo 18.4 de la Ley que permitía que en casos de extrema necesidad se solicitara un periodo adicional de seis meses después de agotar los 24 meses de percepción de la PCI, cuando hasta ahora ha sido casi imposible solicitar este periodo adicional.
Insisten, además, en que en las circunstancias actuales, con las cifras de pobreza, de vulneración social y exclusión, además del paro, resulta evidente que cada vez será mayor el número de personas que tenga derecho demandar la PCI.
“Por si fuera poco, no hay perspectivas económicas de que la situación económica revierta durante 2013, luego los canarios que no podrán cubrir sus necesidades básicas irán en aumento y, por tanto, los demandantes de PCI”, advierten.
Por ello el Colegio de Trabajo Social insta al Gobierno de Canarias a reconsiderar estos cambios, que vienen “a dar la puntilla” a una Ley cuya eficacia está sufriendo desde hace varios años por los retrasos e incumplimientos de la propia Administración autonómica.