EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife
La Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias ha puntualizado este lunes que todos los sorteos de inmuebles, llevados a cabo en los dos últimos años en el archipiélago, se han realizado a través de un programa informático del Consejo General del Notariado y “siempre ante la presencia de notarios” nombrados por el Turno de Oficio del Colegio Notarial de las Islas Canarias.
De esta forma, la Consejería responde a las críticas vertidas sobre la fiabilidad del último sorteo celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y asegura que “en ninguno” de los sorteos de viviendas realizados en Canarias “en estos dos últimos años, ni en el anterior celebrado en el municipio de Santa cruz de Tenerife, se ha utilizado un bombo físico y siempre ha sido a través de un programa informático”, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Asimismo, se refiere al procedimiento administrativo que regula la adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública que recoge el Decreto 138/2007, de 24 de mayo, donde se señalan los requisitos, plazos de alegaciones, anuncios en el Boletín Oficial de Canarias y recursos para garantizar un acceso legal a las viviendas.
Además, añadió, en este decreto se establece que todas las personas solicitantes de viviendas públicas deberán estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida (VPO) de Canarias, que los ingresos ponderados de la unidad familiar no superen 1,5 veces el IPREM para viviendas en régimen de alquiler o que ninguno de los miembros de la unidad familiar es beneficiario de una VPO, entre otros.
También, matiza, que en el artículo 8 del Decreto se recoge el establecimiento de cupos y se detalla que dentro de cada promoción de viviendas protegidas se establecerá un cupo general y diversos de los cupos especiales para atender a los colectivos con mayores dificultades; mientras que el cupo general irá destinado a los demandantes de viviendas donde no concurra ninguna de las circunstancias específicas que se requieren para integrar los cupos especiales.
Finalmente, los otros siete cupos específicos se establecen para realizar una discriminación positiva en cuanto a grupos de población con más necesidad de vivienda, entre los que cita a jóvenes, mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con movilidad reducida, emigrantes retornados, familias con un máximo de dos miembros y situaciones excepcionales.