La pluma de ese artesano del dato periodístico que es Vicente Pérez ofreció el pasado lunes, en las páginas del periódico decano en Canarias, un extenso reportaje sobre el sistema electoral canario y sus posibles modificaciones. Se trata de un debate, cierto es, tan antiguo como nuestra autonomía, nacida en 1982 y consciente desde sus inicios de la necesidad (y conveniencia) de integrar dos realidades intrínsecas a nuestra condición insular: población y territorio. De entre las reflexiones expuestas por las voces consultadas, todas de notable prestigio, me quedo con la de un colaborador de la casa, el catedrático Juan Hernández Bravo de Laguna: “No es conveniente para la buena salud de nuestro sistema político ni para su legitimidad que el sistema general se ponga en cuestión de forma permanente”. El profesor Bravo de Laguna ha expuesto en numerosas ocasiones su punto de vista sobre la legislación electoral canaria, partidario como es de la lista regional de diez diputados y la reducción de los topes electorales insular y autonómico. Con esta segunda propuesta estoy de acuerdo, no así con la primera, en la medida que resultaría un exotismo nada recomendable separar a los diputados autonómicos en dos categorías, unos elegidos en toda Canarias y otros por cada una de sus islas. Respecto a la otra cuestión, los topes para acceder al reparto de escaños, vuelve a ser citado en fechas recientes como elemento susceptible de ser modificado a la baja, recuperando con ello el esquema del Estatuto de 1982: un 3% regional y un 20% insular, en sustitución de los actuales, un 6% y un 30% respectivamente. Esta debería ser la base de un acuerdo entre las fuerzas políticas canarias, representadas o no en el nuevo Parlamento, porque el ejercicio contrario, la deslegitimación de los resultados, rezuma demagogia, partidismo y cálculo interesado, no aporta en realidad nada a la calidad de nuestro debate democrático. Si Coalición Canaria sumó 18 escaños en el Parlamento que está a punto de constituirse no fue por ninguna desviación malsana, sino porque resultó la fuerza más votada en cinco de las siete islas, lo cual es un hecho palmario y democráticamente relevante. Partiendo de la base de que ningún sistema electoral del mundo, ninguno, resulta completamente inocuo, hay que añadir que los críticos al sistema de la triple paridad están como mínimo en la obligación de exponer ante la opinión pública isleña (de todas las islas, claro) una propuesta que suponga una mejora real, y no que pretenda solucionar un problema a base de generar otro mayor. Volvemos al ejemplo de los topes: su modificación al alza hace década y media se ha revelado como una medida cuestionable. Así que menos experimentos, menos prejuicios y más debate argumentado.
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