“Le he recomendado a los vecinos que se atrincheren en sus casas, que vamos a recurrir al Contencioso Administrativo y ese desalojo que ha decretado el Ayuntamiento de Candelaria, de ejecutarse, tardará años”. Así de rotundo se mostró el abogo de los vecinos de Bajo la Cuesta, el valenciano José Ortega, que lleva defendiendo los intereses de los habitantes de ese pequeño núcleo costero desde 2006, cuando se modificó el deslinde de Costas de 1969.

Ortega, que esperaba hablar estos días con la nueva alcaldesa, Mari Brito, para “convencerla de que aceptara un recurso de reposición, al tener las espaldas cubiertas con el decreto”, señaló que los vecinos “me han trasmitido preocupación e inquietud porque crecen los abusos de los poderes públicos, cuando el único mal que han hecho es irse a vivir ahí, donde pagan sus impuestos como el resto de los candelarieros”, sentenció el letrado, que no dudó en poner en duda que “exista la democracia en España”.

El abogado se mostró contrariado por la forma de actuar del anterior alcalde, José Gumersindo García, al “esconder a los vecinos de Bajo la Cuesta el informe técnico que encargó”, según él “algo muy grave”, porque tenían derecho a conocerlo antes de que firmara el decreto en el último día de su mandato. Un informe externo que se dio a conocer a Antonio Oliva, presidente vecinal, el martes en el Ayuntamiento por parte de la nueva regidora municipal, Mari Brito.

Para José Ortega ese informe “está inflado y es ficticio”, porque si “asegurar el acantilado cuesta 1.600.000 euros no creo que se haga nunca, por lo que la expulsión de los vecinos del lugar sería para toda la vida”, exclamó.

Por otra parte, el letrado valenciano entiende que para hacerse cualquier trabajo en esa zona o para desalojarla, como se pretende, habría que hablar antes con los propietarios del terreno, un particular y la empresa Endesa, extrañándose de que no se les haya comunicado nada.

Para Ortega, el decreto de desalojo que debe cumplirse antes del martes “atenta contra el artículo 18 de la Constitución, en el que se recoge la intimidad e inviolabilidad de la vivienda, un derecho muy serio”, remarcó el letrado, que considera que “José Gumersindo García se podía haber ahorrado el decreto, porque no había ninguna urgencia ni la situación del acantilado es para estar tan preocupados”, recogiendo palabras de sus defendidos, que ya ganaron una primera batalla en 2010 cuando también se firmó un decreto de desalojo que no cumplieron, tras demostrar que no hubo desacato, algo que pretenden hacer también a partir del martes.
El abogado también se mostró convencido de ganar el pleito a Costas en la lucha jurídica por el deslinde de 2006, que obligó al Ayuntamiento a adaptarlo en su Plan General de Ordenación aprobado un año después.

El ingeniero de la autopista TF-1 declaró el desalojo de 2010 “desproporcionado”

El ingeniero jefe de la ampliación de la autopista del Sur (TF-1), Adolfo Hoyos, consideró “desproporcionado” el decreto de desalojo del barrio de Bajo la Cuesta que se dictó en 2010 y que posteriormente no se llegó a ejecutar, gracias a un informe de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, el mismo que colocó unas mallas protectora en el acantilado que hoy sigue siendo motivo de preocupación y que, cinco años después, ha determinado otro decreto de desalojo tras la denuncia de un vecino en enero, al caer una gran piedra que destrozó su vehículo.

A raíz de esa denuncia, el Ayuntamiento encargó un informe técnico a la empresa Icinco que recibió el 15 de mayo y no dio a conocer a los vecinos hasta este martes, tras ser advertidos del desalojo desde el 7 de junio, cuando el alcalde entonces, José Gumersindo García, se reunió con ellos en el barrio.

El informe es demoledor al hablar de riesgo de “derrumbes, desprendimientos y avalanchas” y cifra en 1.600.000 euros la cantidad necesaria para asegurar el talud. Mari Brito, actual alcaldesa candelariera, espera recibir ayudas del Gobierno y Cabildo para asegurar la zona y que los vecinos puedan vivir ahí.