Por unanimidad -solo se registró una ausencia en el pleno-, el Parlamento de Canarias emitió ayer un informe desfavorable a la modificación de una disposición de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2013, anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional a iniciativa de esta Comunidad Autónoma, sobre las ayudas al transporte de viajeros para los residentes en los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla.

La nueva redacción realizada por el Ministerio de Fomento es vista como un borrón en el Régimen Económico y Fiscal (REF). De hecho, el toque de atención al Gobierno de la nación fue por incumplir el precepto de informar previamente al Legislativo regional acerca de cualquier cambio normativo que afecte al REF. Aparte de las formas, el fondo también preocupa a los seis grupos representados en la Cámara autonómica. Aun cuando no firmó el informe, el PP también participó del rechazo al “volátil” concepto de “tarifa bonificable”, en vez de la de “servicio” (vigente desde el año 1994). De esta manera, coincidieron los grupos de CC-PNC, PSOE, PP, Podemos, Nueva Canarias y el Mixto (ASG), desaparece la garantía de que bajo ninguna circunstancia se produciría una disminución de la aportación del Estado a la subvención por residente, que está establecida en el 50%. A su entender, esa compensación queda en el aire.

El escrito presentado en el Pleno por José Miguel Ruano (CC) hace una mención a la restricción a la libertad comercial: “Se obliga a las compañías aéreas a depositar aquellos contratos que signifiquen precios especiales a clubes deportivos, federaciones u organizaciones de la tercera edad”.
Paralelamente, como destacó ayer Julio Cruz (PSOE), la Comisión de Hacienda del Congreso debatía una enmienda del PP al proyecto de ley del Régimen Jurídico del Sector Público por la que se elimina la potestad de Fomento para fijar, por orden ministerial, las cuantías máximas bonificables y se introducen límites a los importes.