POLÍTICA

El Gobierno retoma en septiembre el trámite del nuevo plan de energía

Arriba, regasificadora de Enagás y central de Las Caletillas; y, abajo, parque eólico e instalación fotovoltaica. / S.M.
Arriba, regasificadora de Enagás y central de Las Caletillas; y, abajo, parque eólico e instalación fotovoltaica. / S.M.

El Gobierno de Canarias retomará en septiembre la tramitación de las controvertidas Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE), la nueva planificación de este sector que estará en vigor hasta 2020, según confirmó ayer la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. El nuevo plan consagra la introducción del gas natural licuado en Canarias para generar electricidad y fija un objetivo del 36% de penetración de las energías renovables.

El documento fue elaborado por esta Consejería (a la que ahora, con el nuevo Gobierno, se le han añadido las áreas de Economía y Conocimiento) cuando la presidía la socialista Francisca Luengo. Se aprobó inicialmente y salió a información pública en 2013, pero la legislatura terminó sin que se le diera aprobación definitiva, y en medio de voces que plataformas, grupos ecologistas y partidos que criticaban la apuesta por el gas natural, con cientos de millones de inversión en regasificadoras y la consolidación de generadores de gran potencial en las plantas de Endesa, en lugar de priorizar las renovables.

En su tramitación, las DOSE cuentan con informe negativo de la Consejería de Política Territorial, según ha desvelado la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y del que también tiene conocimiento el clúster Ricam, que aglutina a empresas canarias de energías renovables, medio ambiente y recursos hídricos.

La existencia de este informe desfavorable no fue ni confirmada ni desmentida ayer por la Consejería de Economía e Industria, que atribuyó a dos factores principales el que las DOSE quedaran sobre la mesa en la pasada legislatura: la necesidad de adaptarlas a la nueva Ley de Armonización y Simplificación en materia de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, en vigor desde enero del presente año, así como la celebración de las elecciones el 24 de mayo pasado. En cualquier caso, desde la Consejería que ahora preside Pedro Ortega, designado por la cuota de CC, se insiste en que la tramitación de las DOSE “se retomará de manera inmediata, pues Canarias necesita de esa planificación”.

La Consejería de Industria alega que las DOSE deben adaptarse a la nueva ley territorial

Por su parte, desde la Viceconsejería de Política Territorial se limitaron a comentar a este diario que retomarán este asunto el próximo mes con la Viceconsejería de Industria y Energía.

Desde el clúster Ricam, su portavoz, Abel Cedrés, considera que las DOSE necesitan ser reformuladas para adaptarlas a los avances de la tecnología de las renovables, dado que la introducción del gas es una decisión de 1988 y ya han pasado 25 años. Entre las cuestiones que no abordan las DOSE, este ingeniero destaca el almacenamiento de renovables no gestionables, la obligatoriedad de vinculación de la desalación de agua con renovables, la movilidad terrestre con especial interés en el desarrollo del vehículo eléctrico y su influencia en los sistemas eléctricos, el autoconsumo doméstico y empresarial y el desarrollo de las redes inteligentes.

“Pero la nueva planificación debe cumplir también con los criterios de ahorro y eficiencia energética marcados por la UE en su directiva: 20-20-20, no puede establecer criterios de demanda creciente de electricidad sino fomentar el objetivo de 20% de ahorro y eficiencia”, advierte el directivo de Ricam. Este clúster sostiene, además, que las renovables deben ser “prioritarias y no complementarias” al gas, pero los grandes generadores de ciclos combinados que usarán este combustible “limitan al 35% la incorporación” de las energías limpias.

El propio consejero de Industria afirmó, en reciente entrevista con este diario, que las renovables “son la gran papa caliente” que tiene en sus manos, dado el raquítico 7% que representan en el sistema eléctrico canario, frente al 40% en la España peninsular.