Me han cumplido, o están a punto, los cien días de gracia que suelen otorgarse a quienes ejercen sus funciones de representación política en las corporaciones locales y gobiernos autonómicos que se votaron el pasado 24 de mayo, y a la hora del balance hay de todo, como en botica, según se decía en tiempos de Maricastaña. Se han sucedido apaños, amaños, traiciones, pactos inverosímiles; de todo. Pero la inmensa mayoría de las corporaciones y gobiernos se constituyeron como estaba previsto y comenzaron a funcionar con normalidad, con un evidente giro a la izquierda que ha desplazado al PP de buena parte de las instituciones.
La llegada de formaciones de extrema izquierda tipo Podemos y sus marcas blancas, o de grupos antisistema muy radicales, estalinistas en su mayoría, con discursos revolucionarios de corte bolivariano, no ha hecho sino ratificar que el comunismo que creíamos enterrado tras la caída del muro de Berlín en el 89 y de la Unión Soviética en el 91 vuelve a renacer pero no en los países de la antigua URSS, sino en los sures europeos y americanos de la mano de movimientos populistas que denostan a los partidos tradicionales y convierten la calle y la protesta en el centro de su activismo militante.
Algunas de estas fuerzas han irrumpido con notable ímpetu en los principales ayuntamientos del país -casos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña y Cádiz- y en varios gobiernos autonómicos. En todos los casos, las medidas populistas centraron las campañas electorales, que coincidieron esencialmente en no tolerar los desahucios, desprivatizar y/o paralizar la externalización de algunos servicios públicos (limpieza municipal, cementerios, agua…), garantizar los servicios mínimos (luz y agua principalmente) a aquellas familias que no pudieran pagarlos, desarrollar planes especiales y urgentes para luchar contra el desempleo juvenil y los parados de larga duración, rebajar salarios y dietas en todas las corporaciones, garantizar, garantizar la entrega de una vivienda a aquellas familias que la necesiten y no puedan obtenerla y facilitar el acceso de todos los residentes a las prestaciones sanitarias municipales y a la promoción de la salud.
Como se ve, todas estas promesas las suscribiría cualquier ciudadano o cualquier partido político por lo que tienen de justas y oportunas, especialmente en momentos de crisis como los actuales. El problema es que ni los municipios disponen de competencias en materia de desahucios -cuya última palabra depende siempre de un juez, según las normas vigentes-, ni las restantes propuestas pueden abordarse en un santiamén. En unos casos, por falta de presupuestos; en otros, por compromisos jurídicos previos; en algunos más, porque son otras las instancias competentes para arbitrar soluciones.
En consecuencia, los mandamases municipales han tenido que reconocer la inviabilidad de la mayoría de los compromisos. Lo que demuestra el desconocimiento previo que tenían muchos concejales sobre el alcance real de sus funciones competenciales y representativas. Así se ha demostrado también con la adopción de medidas populistas cargadas de ideología y simbolismo fanático, como la retirada de un busto del rey emérito en Barcelona o la colocación del retrato de un viejo anarquista en lugar del monarca reinante en Cádiz. O la votación en contra de la condena del régimen venezolano por mantener en prisión a Leopoldo López y otros líderes opositores… Por no hablar de iniciativas como las de la alcaldesa de Madrid, quien propuso que las madres de los alumnos limpiaran los colegios o que, a la vista de la suciedad que presenta la capital, los universitarios se ofrecieran voluntarios para barrer las calles. Para qué seguir.
Por fortuna, en Canarias no se han producido esperpentos de esta naturaleza, aunque Podemos y sus marcas hermanas, especialmente en Las Palmas, han protagonizado algunas grescas e incidencias públicas en el seno del partido de Iglesias y en el Cabildo insular, no así en el Parlamento, donde la portavoz, Noemí Santana -que ya he hecho gala de iniciativas populistas y declaraciones de guerra contra los nacionalistas-, resulta ser la lideresa más valorada de la oposición pese al poco tiempo que lleva en la Cámara, por encima incluso de Román Rodríguez, el político en activo más conocido de la Islas, según el CIS.
Por su parte, el Gobierno que preside un siempre sosegado Fernando Clavijo ha pasado sus tres primeros meses entre problemas, sobre todo por la parte del PSOE, al que el jefe del Ejecutivo ha tenido en vilo aunque tuvo que echar una mano el mismo día de su toma de posesión con el inusual anuncio simultáneo, en este acto, de todos los nombres de su primer Ejecutivo autonómico, para evitar el desgarro interno que sufrían los socialistas y el acoso sobre Patricia Hernández para tratar de imponerle a un par de militantes de Las Palmas.
Los pactos en cascada para cabildos y ayuntamientos, que nunca han dado resultado en Canarias, siguen alumbrando conflictos, incumplimientos, salidas de tono y toda suerte de dificultades, casi siempre por falta de química o por no resueltas diferencias personales entre la dirigencia de los partidos. Los casos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, además de La Victoria, son especialmente significativos y me parece que tienen muy difícil marcha atrás en el futuro. En cuanto a El Hierro, sigue un problema latente, también por cuestiones personales entre Allende y Armas, y está por ver si el problema aparentemente resuelto por Ferraz no acaba en unos meses como el rosario de la aurora. Socialistas y nacionalistas se han dado de plazo hasta fin de año para resolver los incumplimientos, pero me temo que las cosas pueden seguir como están, salvo, quizás, en un par de municipios norteños que no el portuense.
Así y todo, el Gobierno parece ajeno a estas disputas y va sacando adelante el día a día y preparando algunos proyectos ya anunciados por Clavijo, que ha caído de pie pese a los enfados del Cabildo grancanario por el asunto de las carreteras de Tenerife, como lo prueba el que sea uno de los cuatro presidentes autonómicos aprobados por los ciudadanos y el único político en Canarias que supera esa valoración. Sobre el anillo insular tinerfeño cabría decir que es un asunto resuelto con rapidez e imaginación, sin que nadie aparezca como derrotado. Me parece una cuestión de justicia que clama al cielo por los incomprensibles retrasos que sufre el proyecto y por los serios prejuicios que tanta tardanza ocasiona a la isla a la hora de propiciar la movilidad de los ciudadanos.
Pero volviendo a Clavijo, su templanza, talante negociador y disposición al diálogo -bien alejados, como prometió en campaña electoral, de la sistemática confrontación con Madrid de Paulino Rivero y sus gobiernos, que no dio ningún resultado y encima le costó el puesto- han producido en muy poco tiempo unos frutos relevantes, sobre todo en el caso de la cesión a Canarias por parte del Gobierno del Estado de la recaudación anual del ITE: cerca de 190 millones de euros. Se trata de una vieja reivindicación que data de los años noventa y que todos los gobiernos de las Islas han reclamado machaconamente a los sucesivos ejecutivos centrales. Falta darle forma jurídica al acuerdo, pero éste está a punto de caramelo, lo mismo que el reglamento del REF fiscal, que seguramente será aprobado por el próximo Consejo de Ministros. Otra baza interesante pero de resultados inciertos es la negociación del REF económico que se lleva a cabo en siete mesas de trabajo entre los gobiernos nacional y autonómico. Las impresiones son muy positivas, las autoridades centrales están accediendo a las demandas canarias que tratan de compensar a las Islas, por sus singularidades, con el fin de acercarlas económicamente a la Península. Lástima que no se iniciaran antes las reuniones bilaterales, porque al morir ahora la legislatura no dará tiempo a ratificarlas en el Parlamento para su entrada en vigor.
Quedará, por tanto, este asunto pendiente para el próximo Gobierno, salvo que se convierta, como otras cosas importantes pactadas con anterioridad -el Plan Canarias de Zapatero, por ejemplo-, en papel mojado. Lo mejor es la voluntad de Rajoy y su gente de sacarlo adelante en cuanto sea posible, pero también el compromiso del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de apoyar estas medidas en el caso de que sea elegido presidente del Gobierno.
Con este panorama nos acercamos a las elecciones generales. Nada está claro, salvo la voluntad de NC de romper con el nacionalismo templado de CC y pactar con el PSOE. Eso le permite a Coalición enarbolar la bandera de que es el único nacionalismo independientes. No sé si le servirá de mucho porque a día de hoy las encuestas le son muy adversas y le dan, con suerte -o sea, por los pelos-, un solo diputado por esta provincia, pese a la buena labor de Ana Oramas.