Después de unas vueltas de reconocimiento sobre el contencioso judicial por la “privatización” de AENA, Fernando Clavijo despejó ayer la duda de si el Gobierno de Canarias seguía el rumbo fijado por el Ejecutivo anterior o se desviaba de la ruta del litigio.

Las buenas relaciones con el Ministerio de Fomento, que la semana pasada se plasmaron en un acuerdo para invertir 120 millones de euros en el aeropuerto de Tenerife Sur, llevaron a pensar que el recurso había entrado en los hangares del diálogo institucional.

Pero, en respuesta a una pregunta oral de la diputada del PSOE Dolores Corujo, el presidente aclaró que la demanda continúa su curso. “Decidirán los tribunales”, sentenció Clavijo. “Independiente de eso, hay que hablar y trabajar” para avanzar. El mandatario canario cimentó la base de la reclamación del modelo de cogestión en razones estatutarias y de sentido práctico, pese a que Ana Pastor insiste en que el Estado conserva el control de la empresa.

Corujo reivindicó el carácter público “al 100%” del ente gestor de los aeropuertos en España.