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Canarias recaudará 10 millones más por la fiscalidad de los bingos

Los diputados del PP Miguel Blanco y Australia Navarro. | DA
Los diputados del PP Miguel Blanco y Australia Navarro. | DA

La fiscalidad no es un juego. Los grupos Nacionalista y Socialista del Parlamento de Canarias han descubierto un truco en los bingos para tributar menos. Y así lo reflejan en una de sus 79 enmiendas conjuntas a los presupuestos generales. Sin incrementar los tipos impositivos, sino unificando los criterios, la Comunidad Autónoma recaudará el próximo año unos 10 millones de euros más de los previstos.

La trampa estaba en el cartón, una de las tres modalidades junto al bingo electrónico en sala y en red. Normalmente, las empresas se acogían a la de menor fiscalidad (en red) y, a la hora de invertir, “descuidaban el mantenimiento”. Más o menos con estas palabras explicaron ayer la modificación los diputados Iñaki Lavandera y Héctor Gómez, los ponentes del PSOE en la tramitación del proyecto de ley.
El gravamen aplicable al juego tradicional será del 20%. Los gestores de las salas que conserven su plantilla media en el ejercicio podrán beneficiarse del 16% cuando la suma acumulada de los cartones adquiridos sea de hasta 3.500.000 euros.

Antes de entrar en detalles, Lavandera y Gómez destacaron el “perfil social” que su partido ha aportado a las cuentas autonómicas. El portavoz parlamentario se detuvo luego en las mejoras introducidas en la lucha contra la violencia de género. Concretamente, “se flexibilizan los requisitos para la venta, arrendamiento o la descalificación de vivienda protegida” en este supuesto. También se retocan las infraestructuras judiciales.

Las 141 correcciones planteadas por el PP mueven 70,6 millones de euros
Las 141 enmiendas parciales del PP a los presupuestos autonómicos (53 al articulado y 88 al bloque económico) mueven unos 70,6 millones de euros. De esa cifra, más de dos terceras partes, 57 millones, se dedicarían a los servicios públicos esenciales. Casi 30 millones serían para empleo, alrededor de 13 para sanidad, 11 para atención social y cuatro para educación. Así lo expusieron ayer en una rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, y el diputado Miguel Jorge Blanco. Articularon su discurso argumental a partir de la idea fuerza de que este proyecto de ley “no sirve para arreglar los problemas de los canarios ni la economía de Canarias”. Sobre esa base, incidieron en que “carga de impuestos a las familias y a las empresas”. Por eso, en una de las propuestas de corrección se insta a revisar la fiscalidad a lo largo del próximo año. Conscientes de que el margen de maniobra es estrecho, Navarro y Jorge apelaron al diálogo al objeto de reparar algunos “errores”.
Al “derroche” de “inflar el Gobierno de cargos, centros directivos y personal de confianza”, el PP ofrece un plan de empleo para mujeres, jóvenes parados y mayores de 45 años, con un coste de 18 millones de euros. Además, amplía los créditos para combatir la violencia de género, la atención de la infancia y del voluntariado, entre otros.
NC hace pinza con CC.OO. y UGT
Román Rodríguez escenificó ayer el “buen rollito” con los sindicatos más representativos al comparecer en la sala de prensa del Parlamento flanqueado por los secretarios generales en las Islas de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge, y la Unión General de Trabajadores, Gustavo Santana. El presidente de Nueva Canarias y portavoz del grupo hizo pinza con ellos para enmendar los presupuestos de 2016, después de que la Cámara tumbara la semana pasada las tres propuestas de devolución del proyecto: PP, Podemos y NC. Tal como ya había quedado patente en todo este proceso, la piedra filosofal o ideológica es la de la presión fiscal para apuntalar la justicia social. En resumen, reclamaron cambios al alza para cubrir las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. En tal sentido, volvieron a pedir la restitución del impuesto de sucesiones y donaciones, un incremento del IGIC en los tramos de lujo y cogieron con papel de fumar “la quinta subida” de la tributación del tabaco en un lustro. Esto último implica en opinión de Rodríguez, dicho con otras palabras, meterle un puro a “un sector débil que genera 1.500 empleos directos” en el Archipiélago. Tampoco renuncian a la tasa turística, aunque esta tendría que implantarse a través de una ley específica. Santana constató la elevada coincidencia en los planteamientos y mandó un mensaje a Fernando Clavijo: “El consenso no debería ser solo con el Gobierno central”. Jorge manifestó que “valentía política” es “sacar dinero del bolsillo de los que más tienen para distribuir la riqueza”.