Más de dos años han pasado ya desde que el Gobierno de Canarias aprobó de forma oficial el decreto que regula la actividad de los guachinches, después de muchos años de demanda de control en este sector de la restauración. Pese a este tiempo, la normativa no funciona aún de la manera deseada, incluso se han planteado algunos cambios que permitan ampliar el plazo de apertura y potenciar el distintivo que diferencie este tipo de establecimientos.
Aunque las modificaciones han sido demandadas desde hace ya varios meses por parte del Cabildo -quien recogió la petición de viticultores y restauradores-, se ha decidido consensuar aún más esta petición, incluyendo también la implicación de los ayuntamientos afectados. Así, el Gobierno de Canarias ha emplazado al Ejecutivo insular, a los representantes de viticultores y restauradores (Apymevo y Asviten) y a los municipios a una reunión el próximo mes de enero para definir los posibles cambios de la norma y establecer una hoja de ruta que permita mejorar el control de estos establecimientos dedicados a la venta del vino.
En este sentido, la viceconsejera de Administraciones Públicas del Ejecutivo regional, Manuela Armas, explicó a DIARIO DE AVISOS que hace unos días se reunió con representantes del Cabildo y de los empresarios para analizar esta situación tras la petición de ampliar el plazo de apertura de los establecimientos de cuatro a seis meses. “Hemos decidido volver a reunirnos en enero, incluyendo en esta mesa de trabajo a los ayuntamientos, para valorar el funcionamiento del decreto en este tiempo y ver qué aspectos se pueden modificar”, indicó. Así, precisó que también hay que buscar fórmulas que permitan hacer cumplir los requisitos de la normativa. Insistió en que en caso de que se decida incrementar el plazo de apertura “habrá tiempo suficiente para cambiarlo en esta temporada”.
Al respecto, el presidente de Apymevo, Fernando Plasencia, afirmó que en el encuentro mantenido recientemente “el Gobierno asumió que hay que desarrollar este asunto e implicar a los ayuntamientos de las zonas donde se localizan los guachinches”. En cuanto al funcionamiento de la norma en la regulación de la actividad, la calificó como un “desbarajuste” y recalcó que es imposible controlar que todos los guachinches cumplen, para lo que abogó por la implicación de las administraciones locales. Plasencia reconoció que no se están llevando a cabo inspecciones e indicó que, a su juicio, las deberían practicar los propios ayuntamientos al resultar “más sencillo”. Indicó que aunque se presenten denuncias, hasta el momento es complicado que puedan tramitarse y verificarse, según está planteado en el desarrollo de la normativa.
Algunos datos
– Número de locales. En estos momentos, desde que entró en vigor la norma hace ya más de dos años, se han contabilizado unos 150 guachinches que han estado abiertos en algún momento, una cifra muy inferior a la que se auguraba. De hecho, antes de la norma, aunque no había un registro oficial, se calculaba que el número de establecimientos de esta índole podía rondar los 500.
– Posibles cambios. Entre las modificaciones propuestas a la norma se encuentra ampliar en dos meses (de cuatro a seis) el plazo máximo de apertura, al igual que aumentar los distintivos identificativos de este subsector.
– Marca de calidad. Uno de los acuerdos es trabajar en la promoción. Para ello el Cabildo tinerfeño ha iniciado ya los trámites para crear una marca de calidad.