La segunda sesión de la pieza separada del caso Arona 1 duró poco más de tres horas, tras descartarse la declaraciones de Ana María Plasencia, Carmelo García, José Antonio González Costa y cuatro guardia civiles, por lo que ayer mismo se procedió a elevar las conclusiones y dar por finalizado el juicio.

De los 10 testigos que declararon ayer ante el tribunal, los dos primeros (Camilo y Javier Álvarez, de la empresa Clusa que invitó a Antonio Sosa a Múnich) lo hicieron por videoconferencia, mientras que el resto estuvo presente en la sala.

En todo los casos, los testigos tenían que ver con la acusación que pesa sobre Antonio Sosa, por el cobro irregular de unas dietas (398 euros) y sobre todo por la contratación de cuatro personas, que ayer testificaron, para realizar trabajos para Medio Ambiente, concejalía que Sosa creó en 2007 cuando llegó al Ayuntamiento y que, según determinaron los técnicos que declararon, “carecía de personal suficiente para realizar los trabajos de campo que se les encomendó a las cuatro personas contratadas por el concejal”.

El fiscal insistió en que era una clara muestra de “contratación a dedo”, y aunque admitió que los testigos debilitaron su acusación y que la ley permite los contratos menores, insistió en que “ha habido un fraude de ley”.