TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Como mínimo el 45% o el 50%. Es la única duda que se mantiene en la prensa especializada acerca de la quita que impondrá Europa a los que compraron participaciones preferentes en Bankia, la entidad financiera en la que se disolvió la grancanaria Caja de Canarias. Semejante nivel de pérdidas ya ha provocado que quienes aún dudaban presenten demandas judiciales para anular tales contratos, un fenómeno que tiene su principal reflejo en Madrid pero que también tiene sus efectos en las Islas y al que tampoco es ajeno otra entidad rescatada con dinero público: Novacaixagalicia.
El motivo por el que Europa impone esta quita es que las participaciones preferentes (y productos subordinados) no dejan de ser deuda del propio banco, por mucho que asombre a más de un inversor dado que este dato se ocultaba cuando se comercializaba, tal y como se recoge en numerosas sentencias que ya han tratado el asunto.
Así, el razonamiento es sencillo desde la perspectiva de las autoridades continentales: si se trata de accionistas, deben correr con su parte del precio del rescate. Para enorme desazón de los adquirientes de estas participaciones preferentes y de las propias autoridades españolas, Europa no cede a sus presiones e incluso se teme que la quita alcance en algunos casos hasta el 70%.
Estas cifras, que la prensa especializada española vaticina que se harán públicas en menos de quince días, aseguran un gran escándalo social en España, habida cuenta que la inmensa mayoría de los que compraron preferentes invirtieron los ahorros de toda una vida sin saber que lo hacían en un producto altamente especulativo.
Lo más común es que los comerciales -tanto de esta entidad como de las demás, según se detalla en las sentencias- vendieran estos productos tóxicos como si se trataran de depósitos a plazo.
Sin embargo, en el actual ciclo económico es muy difícil -por no decir imposible- vender las preferentes, que poco a poco están minando el capital que ha sido invertido.
La preocupación en el Ministerio de Economía y Hacienda ante este muevo golpe a Bankia, una entidad que ya sufre enormes retiradas de capital, se extiende a departamentos con mayor vertiente política del Gobierno de Mariano Rajoy, por cuanto afecta sobre todo a ciudadanos de Madrid y Valencia dado que Caja Madrid y Bancaja se fusionaron en Bankia. Justo, los dos grandes graneros de votos del PP.
Según el especialista consultado por este periódico, el letrado tinerfeño Carlos Gómez Sirvent, al adquirente de preferentes sólo le resta la opción de la demanda judicial, dado que “los canjes propuestos por las distintas entidades financieras no dan el efecto que se desea, que no es otro que recuperar el dinero. Si además son preferentes de una entidad nacionalizada como Bankia o Novacaixagalicia o hasta de la CAM -que tenemos clientes de los tres en nuestro bufete-, la llamada quita impuesta desde Bruselas supondrá, sencillamente, la ruina para muchos de ellos”.
Cuestionado sobre si los rumores publicados han aumentado las demandas judiciales, Gómez es tajante: “No sólo nos han llegado nuevos casos de Bankia a nosotros, sino también a nuestros socios en la Península. Desde luego, está claro que la información circula rápido” con los medios.
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“Una demanda colectiva es muy arriesgada”
El letrado tinerfeño Carlos Gómez Sirvent lleva años especializado en luchar en los juzgados para revertir los efectos de los productos tóxicos que la banca española empezó a comercializar masivamente entre sus clientes desde el inicio de la crisis. Gracias a su asesoramiento, los lectores de DIARIO DE AVISOS conocen desde años que tras las enigmáticas palabras swap o clip se ocultaban productos financieros de altísimo riesgo para el inversor, o que las participaciones preferentes son exactamente lo contrario, ya que relegan a quien las adquiere a un mercado subordinado en el que difícilmente encuentra comprador en un ciclo económico como el actual.
Ahora que esta temática es harto conocida por los afectados y que la Justicia ha respondido anulando los contratos salvo en los casos en que los clientes eran grandes empresas a las que se les puede exigir un conocimiento financiero alto, surgen nuevas dudas sobre la viabilidad procesal de estos casos. Para Gómez, “la posibilidad de una demanda colectiva es enormemente arriesgada para los inversores, que de por sí ya han sufrido bastante riesgo con sus ahorros. Por mucho que puedan parecerse, en realidad cada caso tiene sus particularidades y hay que analizarlas debidamente”.
En cuanto a la quita europea, Gómez Sirvent duda mucho de que España logre frenar los porcentajes que maneja la prensa especializada. “Al fin y al cabo, el que presta el dinero siempre pone las condiciones” reflexiona el abogado. “Otra cosa bien distinta es cuando estos asuntos se diriman en los tribunales europeos, a los que ya se han dirigido afectados de Galicia. Pero si lo que se quiere es anular el contrato, lo más rápido sigue siendo la Justicia española, que confirma una y otra vez el vicio en el consentimiento prestado”.
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