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Rivero reconoce ante la CEOE que hay que ajustar la Administración

Paulino Rivero, y José Carlos Francisco, presidente de la CEOE
El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y José Carlos Francisco, presidente de la CEOE. | ACFI PRESS

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Paulino Rivero reconoció ayer ante CEOE-Tenerife que hay que “ajustar” la Administración canaria “a las circunstancias en las que vivimos”. Días después de que el máximo representante de la principal patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, aconsejara al Gobierno regional que prescindiera en 2013 de 5.000 empleados públicos para afrontar la reducción en las inversiones del Estado, el presidente de Coalición Canaria y jefe del Ejecutivo autonómico calificó esa opinión de “muy cualificada”. Y, en rueda de prensa, añadió: “ La responsabilidad del Gobierno de Canarias es intentar salvar todo el empleo público que se pueda. En estos momentos, estamos en la tarea de ajustar la Administración pública, que no puede dar la espalda ni ser ajena a la situación [económica] general. Al igual que las empresas privadas, tiene que hacer un esfuerzo por ajustarse a los tiempos”.

Eso sí, Rivero puntualizó que la “ventaja” es que Canarias “ha avanzado mucho”. El dirigente nacionalista destacó que “nos encontramos en un proceso que se inició en 2008”. Eso “nos ha permitido”, recalcó, “que a finales de 2011 hayamos ajustado en 3.000 millones de euros el gasto público para un presupuesto que ahora es de apenas 6.000 millones”. Y se preguntó: “¿Hasta dónde tenemos que ajustar la Administración?”. Esta fue su respuesta: “Estamos trabajando en los presupuestos de 2013 y estamos pendientes de cómo quedan los del Estado. En definitiva, lo que está claro es que haber hecho el recorrido de una forma continuada desde 2008 nos coloca en mejores condiciones que otras administraciones”.

En otro sentido, Rivero advirtió de que, si disminuye la oferta en las conexiones aéreas de Canarias con la Península y se acentúa el “abuso” en la venta de billetes, su Gobierno exigirá la activación de la declaración de obligación de servicio público. Esto significa que se garanticen las frecuencias y que se fije un tope en los precios.

Paulino Rivero acudió acompañado por el secretario general de CC, José Miguel Barragán.