JESSICA MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Los miembros de la sección de Transportes del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) han denunciado al Cabildo de Tenerife por no facilitarles la información correspondiente al balance de cuentas de la empresa de transportes Titsa del pasado año, al igual que los diferentes contratos programas entre esta entidad y los ayuntamientos de La Laguna, Adeje y Santa Cruz de Tenerife.
Según fuentes sindicales consultadas por este medio, la denuncia fue presentada en el juzgado el pasado viernes “después de que transcurriera el plazo legal de 20 días desde que le solicitamos la información a la corporación insular de forma oficial”. Del mismo modo, explicaron que el pasado 24 de noviembre se reunió el Consejo de Administración de Titsa, en el que no está presente este sindicato, y se facilitó la citada información. “Como no la conocíamos la pedimos, como recoge la ley, pero no se nos ha aportado”, aseguraron las citadas fuentes.
Por lo que pudieron conocer, parece que la auditoría externa de las cuentas de Titsa reflejan una deuda de esta entidad dependiente del Cabildo insular que asciende a 30 millones de euros con los proveedores. Además, parece que la Corporación insular adeuda a la empresa de transportes 42 millones, a los que hay que sumar los 12 de Santa Cruz, los 600.000 euros de La Laguna y los 200.000 del Consistorio de Adeje. Los trabajadores de la empresa pertenecientes a esta formación sindical han solicitado las cuentas, para confirmar que esto es así.
Plan de saneamiento
Según explicaron, la idea de obtener esta información es negociar con la empresa las cuentas, dado que según un comunicado enviado a los empleados a finales del pasado mes, Titsa tiene previsto llevar a cabo un plan de saneamiento, que podría incluir, incluso, despidos en el personal.
Aún así, las fuentes consultadas hicieron hincapié en que los trabajadores tienen el sueldo congelado desde el año 2007 y que mientras en esta fecha la plantilla estaba compuesta por 1.700 empleados, en estos momentos la cifra es de unas 1.300 personas.
En una circular enviada a toda la plantilla del sector interurbano de la empresa se planteaba las tres posibilidades estudiadas por la gerencia dentro del plan de saneamiento de los presupuestos, aprobado por el pleno del Cabildo. Como recoge el documento remitido a los empleados, por “imperativo legal”, la Corporación insular ha “exigido” la presentación de un Plan de Saneamiento 2012-2014, que fue aprobado por el consejo de administración de Titsa el pasado 24 de noviembre, ante la presencia de los consejeros laborales, que forman parte del mismo, y remitido al cabildo para su aprobación en pleno.
Esto se debe a que “las administraciones públicas que financian las necesidades de explotación de la compañía Titsa han establecido un límite presupuestario para los próximos ejercicios, que imposibilita mantener el nivel de déficit actual de la empresa”, recoge. Dicha circunstancia ha obligado a la empresa a plantearse los despidos.