EUROPA PRESS | Santa Cruz
El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc), José Luis Langa, ha asegurado este jueves que tras el anuncio de modificación de la Ley de Costas se apuntó a la suspensión de todas las ejecuciones judiciales en marcha hasta conocer el alcance de la nueva normativa, por lo que espera que esta moratoria se aplique a las 111 viviendas de Fuencaliente (La Palma) y a las 22 y más de 90 fincas de Igueste de San Andrés (Tenerife).
Según Langa, en Fuencaliente están afectadas cerca de 400 personas y hasta 800 personas se verán perjudicadas en Igueste de San Andrés de aplicarse la orden judicial. En este último caso, Langa ha apuntado que tras la última sentencia, se va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Por otra parte, ha explicado que la última sentencia de la Audiencia Nacional hace referencia a la contradicción que existe en Igueste de San Andrés, cuya calificación como terreno no urbanizable no ha sido modificada en los planes generales de ordenación urbana –el último de 1992– cuando esta población es un núcleo urbano consolidado con todos los servicios exigibles.
“Las manifestaciones contenidas en informes del Ayuntamiento y el acuerdo de la Cotmac –este carente de ejecutividad– resultan sorprendentes”, asegura la sentencia, que a continuación incide sobre la contradicción de que Igueste cuente con los servicios exigibles para que se considere una población urbana consolidada mientras que los planeamientos siguen considerándolo espacio no urbanizable.
Para Langa, esta es “una más” de las contradicciones y discriminaciones que se hacen con la Ley de Costas tal como está en la actualidad, y que se evitarían con la nueva normativa que derogaría la retroactividad de la Ley, entre otras cuestiones.
Competencias
Al mismo tiempo, el letrado recuerda que para evitar estas injusticias Costas debería estar gestionado por la propia autonomía y por personas que conozcan la realidad exacta “y no sobre un papel”.
Respecto a Fuencaliente, pide que todas las instituciones implicadas se reúnan y eviten que se ejecute una sentencia que dejaría en la calle a decenas de familias, y que además “acaba con la tradición, la cultura y la idiosincrasia de un pueblo”, pues, matiza Langa, “a esta sentencia pueden seguir otras muchas y más de 150.000 personas en Canarias podrían verse afectadas”.
“Yo pido, una vez más, que se unan todas las instituciones de Canarias y los afectados y se busquen soluciones adecuadas, y en cualquier caso desde la asociación que represento vamos a seguir pidiendo justicia, pues esta es una causa por la que merece la pena luchar”, aclara.