VICENTE PÉREZ | ARONA

No es habitual, pero hay ocasiones en que ecologistas y ayuntamientos van de la mano. Y este es el caso de la oposición a la línea de alta tensión promovida por Red Eléctrica de España (REE) entre Candelaria y Granadilla, un proyecto que estuvo en marzo en información pública dentro del trámite para su autorización por parte de la Viceconsejería regional de Industria.

Una de las alegaciones presentadas es la de la Asociación Tinerfeña de Amigos de La Naturaleza (ATAN), que considera este expediente “nulo de pleno derecho” por tramitarse antes que la planificación que debería prever el trazado, el denominado Plan Territorial de Infraestructuras Energéticas de Tenerife, que el Gobierno canario y el Cabildo aún no han aprobado.

Otra irregularidad, a juicio de este grupo ecologista, es que REE no estudió ni evaluó la alternativa de soterrar toda la línea, como exige la ley de impacto ambiental, una opción que, para ATAN, esta empresa “desechó en función de sus intereses económicos, y no porque no sea posible el soterramiento”.

En sus alegaciones, ATAN, que ya se opuso al trazado en 2009, durante el trámite de consultas previas, coincide con los seis ayuntamientos de los municipios afectados en que el proyecto tiene el “defecto formal” de no estar recogido en un plan insular, como así lo exigen la Ley de Directrices, la Ley de Espacios Naturales y de Ordenación del Territorio; así como el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT). Un incumplimiento que “vicia de nulidad el proyecto”, en aplicación del artículo artículo 62. 1,e de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Planificación

El grupo ecologista entiende que, si bien esta infraestructura está prevista en la planificación estatal de la electricidad y el gas para el periodo 2008-2016, ésta tiene sólo carácter “indicativo”, por lo que, tal como recoge el propio documento del Ministerio de Industria, la incidencia de estos proyectos en el territorio “ha de ser contemplada por los correspondientes instrumentos de planeamiento”, es decir, en el plan energético insular que aún no se encuentra en vigor.

De hecho, la propias REE reconoce, en respuesta a ATAN, que ésta es una infraestructura sin planificación territorial o urbanística, pues “su planificación nacional fue a instancias del Gobierno de Canarias tras los efectos devastadores de la tormenta Delta”, y que, por tanto, la compañía promotora del proyecto ha elegido un trazado siguiendo “consideraciones técnicas y medioambientales”.

Argumenta la asociación alegante que es la Administración la que debe planificar por dónde deben pasar las líneas y “en ningún caso puede una entidad privada ignorar o imponer una planificación que, además, hará en todo caso en función de sus intereses comerciales”. El colectivo conservacionista recuerda que la Ley de Directrices determina que “siempre que sea técnica y económicamente posible, las conducciones de energía serán soterradas”, algo que, según los ecologistas, debe decidirse “según el interés general y no de los intereses o preferencias empresariales de los operadores”.

ATAN comparte también con los ayuntamientos que estas líneas deben ir soterradas y para ello apela de nuevo a la Ley de Directrices, que insta a “priorizar la utilización de los corredores viarios existentes, cuando ello fuera posible, para la instalación de conducciones enterradas. También invocaal PIOT, según el cual en las infraestructuras “se primarán alternativas que, aún sin ser las convencionales o más comúnmente aceptadas, redunden en una mayor integración paisajística y ambiental de la actuación, incluso si suponen un mayor coste económico, dentro de los márgenes aceptables de viabilidad”.

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Tramos bajo tierra

Red Eléctrica ha previsto enterrar 10,7 de los 40 kilómetros de la línea: los tramos Caletillas- Güímar, la entrada a la futura subestación del Porís (Arico) y la llegada a la central de Granadilla. Pero, según ATAN, no analizar la alternativa de enterrar todo el tendido vulnera la normativa sobre evaluación de impacto ambiental. Por el contrario la empresa aduce que se atiene a la planificación estatal de la energía para 2008-2016, según la cual “en principio, todas las líneas de la red de transporte se plantean como aéreas, salvo que por condiciones insalvables sea necesaria la instalación de cables aislados…”. Para el colectivo ecologista, “se trata básicamente de un problema económico”.

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