EUROPA PRESS | Santa Cruz
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha garantizado este miércoles que la empresa de transportes Titsa y Metropolitano de Tenerife seguirán siendo de titularidad “pública”, pese al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se ha presentado en la empresa de guaguas y que afectará a 117 trabajadores.
En un desayuno informativo acompañado por la portavoz del Grupo Nacionalista, Cristina Valido, Alonso ha garantizado que no va a haber “privatizaciones”, pero ha reconocido que hay que “limitar” el coste del servicio ante el contexto económico actual y la caída de pasajeros, unos 10 millones en los últimos cinco años.
Por ello, el Cabildo está diseñando un recorte de las líneas más deficitarias y ha planteado “sacrificios asumibles” a la plantilla de Titsa, compuesta por unos 1.600 trabajadores. Aparte de los 117 despidos, el resto de trabajadores pasarán al paro durante 15 días al año, se elimina una paga extra y se introduce un nuevo criterio de movilidad geográfica para que puedan prestar servicios en el sur de la isla, donde la demanda de transporte público es mayor debido al crecimiento turístico.
El Cabildo tinerfeño va a mantener su financiación pública anual superior a los 30 millones de euros, que se complementará con una reestructuración de las tarifas que prevé subida del precio de los billetes y modificación de las ayudas sociales. “Es un coste político que estamos dispuestos a asumir porque queremos mantener el servicio público”, ha comentado.
La otra propuesta que baraja la corporación insular es la creación de una autoridad única del transporte con los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Arona para coordinar mejor el transporte, probablemente a través de un sistema consorciado.