AGENCIAS – F. DOMÍNGUEZ | Madrid – Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno ha decidido subir “temporalmente” hasta un 20% el máximo de alumnos por clase de la educación obligatoria y fijar la carga lectiva del profesorado en un mínimo semanal de 25 horas en Infantil y Primaria y 20 en el resto de enseñanzas no universitarias. El Consejo de Ministros aprobará el viernes, previsiblemente, un Real Decreto-Ley con estas y otras medidas con el fin de “ayudar” y “facilitar” que las comunidades autónomas cumplan el objetivo obligatorio de déficit autonómico del 1,5% este año y hacer frente al nuevo recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa anunciado por el Ejecutivo central. Así lo explicó ayer el ministro de Educación, José Ignacio Wert, a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial extraordinaria.
Actualmente, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece un máximo de 25 alumnos por aula en Primaria y de 30 en Secundaria obligatoria, más un 10% en caso de estudiantes de escolarización tardía durante el curso. Del mismo modo, hasta ahora no había normativa estatal forzosa sobre las horas de docencia obligatorias, sino que cada comunidad tenía autonomía para determinarlas. La media venía siendo en torno de las 24 o 25 en Primaria y entre 18 y 21 en Secundaria por semana.
El ministro propuso, asimismo, aplazar la implantación de los módulos de 2.000 horas de Formación Profesional (FP) hasta el curso 2014-2015, así como suspender la obligatoriedad de ofertar todas las opciones de Bachillerato y anular la creación de nuevos complementos retributivos del profesorado. Finalmente, señaló que las bajas inferiores a los 10 días lectivos deberán ser cubiertas con los propios recursos del centro y no por interinos. “Son medidas que, a nuestro juicio, y en general el de la mayoría de las comunidades autónomas, no inciden sobre la cobertura y la calidad de la educación y no afectan a la equidad”, dijo Wert.
El ministro concretó que todas estas medidas, excepto la referida a las dos modalidades de Bachillerato, tienen carácter coyuntural, e insistió en que este real decreto es independiente a la reforma educativa del Gobierno, pero que establece las “condiciones necesarias” para que los futuros cambios en el sistema se puedan llevar a cabo”.
El ministro no descarta convocar la Mesa Sectorial y reconoció que, través de estas normas, el Ejecutivo central está pidiendo “un sacrificio a los docentes de este país”. Sobre las críticas de pérdida de puestos de trabajo, el ministro defendió que se trata de ser “eficientes” y utilizar los “recursos permanentes”, es decir, los funcionarios, frente a la contratación de personal interino. A su juicio, la no contratación de este personal no se puede cuantificar en términos de “despidos”, sino de “no renovación de contratos”. También indicó que la no contratación de 100.000 interinos se traduce en un “ahorro” del gasto público “superior en más de 1.000 millones” a todo el “ahorro” que se pretende con estas seis medidas, más las que se van a plantear en el ámbito universitario.
Todas estas propuestas han tenido sus respuesta negativa entre partidos como PSOE e IU, sindicatos de enseñanza, asociaciones de padres y estudiantes (que ya han anunciado movilizaciones), y las comunidades autónomas no gobernadas por el PP, entre ellas Canarias. Así, la viceconsejera regional de Educación, Manuela de Armas, que acudió ayer a Madrid a la Conferencia Sectorial en lugar del titular del departamento, el vicepresidente canario José Miguel Pérez, expresó su rechazó a estas medidas. En declaraciones por teléfono a DIARIO DE AVISOS, De Armas criticó las “formas” de presentar el ministro las distintas iniciativas sin formularlas al menos por escrito a las comunidades autónomas. A su juicio, las propuestas, de llevarse a cabo, van a incidir claramente en la calidad de la educación y atacan de manera frontal, “condenándolo”, a uno de los sistemas de enseñanza, en relación al canario, “más equitativos de los existentes” en el país. La viceconsejera comentó que estudiarán a fondo estas medidas y se tomará desde el Ejecutivo autonómico una decisión al respecto. “Lo que está claro es que Canarias va dar la batalla contra estas propuestas”, apostilló.
Para hoy, está previsto que José Miguel Pérez ofrezca una rueda de prensa para hablar de este asunto. En las Islas, sindicatos como STEC-IC, EA-Canarias, Anpe y CC.OO., han mostrado su total rechazo a las medidas presentadas por Wert, “que harán a la educación pública en el Archipiélago retroceder 50 años”.