Lanzarote es una isla maldecida por la herencia del dimismo, una forma de interpretar la política como pura y dura mamandurria, como apropiación de los bienes públicos en beneficio de los amiguetes y la clientela… En los últimos veinte años, una multitud de políticos conejeros ha pasado por los tribunales, las comisarias y las prisiones. Muchos de los que gobiernan o han gobernado la isla y sus instituciones pueden ser calificados de delincuentes. Tras la operación Unión, que supuso una verdadera vergüenza pública para Lanzarote, con la mitad de sus corporaciones locales tocadas por la golfería, y sus secuelas de la operación Jable, más de lo mismo, más políticos entalegados, otra intervención conjunta de la justicia y la policía paralizó el martes el Ayuntamiento de Arrecife y varios despachos de la isla, con una operación judicial con ramificaciones en Fuerteventura, que lleva de momento tres detenidos (uno de ellos fue puesto en libertad el fin de semana, aunque permanece imputado), y parece volver a centrarse en lo que se ha dado en llamar cóctel conejero, un mejunje de éxito en el que se combinan cinco delitos muy especiales: malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad en documento público. Aunque las diligencias están bajo secreto de sumario, se sabe que afectan de momento a tres personas, una de ellas la encargada de velar por la legalidad en el Ayuntamiento de Arrecife, su interventor Carlos Sáenz -que lo es también y simultáneamente de los de Teguise y de San Bartolomé, y lo fue del de La Oliva, en Fuerteventura- y que -muy significativamente- ya estaba en la cárcel por orden del Juzgado número 5 de Puerto del Rosario. Otro de los imputados es José Vicente Montesinos, administrador de sociedades de gestión de impuestos, y exconcejal de Hacienda del PIL en Arrecife, que ya había sido detenido en dos ocasiones, durante la operación Unión en 2009, y la operación Jable, en 2010. Montesinos sigue preso, pero no así el tercero de los imputados y presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Lanzarote, Javier Betancort, exconcejal de Hacienda en San Bartolomé por el PP entre 2003 y 2007, que es el que pudo volver a su casa. Según se ha sabido, las investigaciones se centran en la existencia de facturas abultadas por servicios no prestados, abonadas por varios ayuntamientos, principalmente por el de Arrecife. Una trama que parece implicar a verdaderos especialistas: un interventor y dos exconcejales de Hacienda, recolocados en la gestión de recursos públicos. Lo de menos es el partido al que pertenecen. En Lanzarote, el estilo de hacer las cosas de Dimas Martín -el hombre que lo fue todo en Lanzarote, alcalde, presidente, senador, presidente de las AIC- lo ha contaminado todo. Afecta en mayor o menor medida a todos los partidos y a todos los estamentos.