Desde hace años se habla sobre la necesidad de fortalecer el contenido ético, moral y de ejemplaridad que debe llevar consigo el ejercicio de la función pública. Se trata de una cuestión de principios, de un condicionante básico para generar confianza en el ciudadano por parte de quienes, políticos y funcionarios, administran y trabajan en la defensa de nuestros intereses. Aurelio Arteta en La virtud de la mirada y Javier Gomá en Imitación y experiencia han publicado unas interesantes reflexiones filosóficas acerca de la ejemplaridad pública y ambos coinciden en la necesidad de que los políticos procuren la excelencia y el impulso de ser mejores para sentirse dignos de imitación. Gomá va incluso más allá y apunta que “las leyes surgieron cuando los hombres públicos dejaron de ser ejemplares. Por eso hoy hay cada vez más leyes: porque hay menos conductas ejemplares”. Por su parte, Arteta comenta que inevitablemente los hombres y mujeres públicos “son objeto de las miradas de los otros y, lo quieran o no, y hagan lo que hagan, son ejemplos para los demás”. Si uno mira hacia las alturas del poder, desde la Corona a los tribunales Constitucional y Supremo, pasando por las cámaras legislativas y las instituciones del Estado, le puede dar un patatús a la vista de lo que viene sucediendo. Y si trasladamos la observación al ámbito canario, no varía la tónica de falta de ejemplaridad, ética y moral en algunos responsables públicos. Por citar tres casos, no me resisto a apuntar, con el dedo acusador, hacia Luis Miguel Rodríguez, el concejal del PP del Puerto de la Cruz que se gasta más de 9.000 euros vía móvil corporativo, según él por error, y después se salta un control de alcoholemia, por lo que fue detenido. Que yo sepa, ni ha devuelto los 9.000 euros, ni ha pedido perdón por su mal comportamiento, ni su partido le ha exigido que dimita por el grave alcance de sus acciones. Algo similar aconteció con la concejala nacionalista Blanca Delia Pérez, a su vez presidenta del comité local de CC en La Laguna, que dio positivo en un control de alcoholemia cuando fue sorprendida conduciendo en sentido contrario al de la circulación. En vez de irse a su casa, le pasó al alcalde la solución del caso y éste, en un gesto inaudito de cobardía y falta de coraje, decidió mantenerla en el Consistorio, y en él sigue. El último caso que me viene a la memoria es el del concejal del PNL-NC en Arrecife, Pedro de Armas, quien estuvo 161 días de aventura oceánica con grave olvido de sus responsabilidades y cargando una parte de sus llamadas al teléfono móvil del Ayuntamiento. De Armas ha pedido perdón a sus electores y se ha comprometido a pagar el dinero cargado a la corporación. Aun así, sigue tan campante, como si hubiera protagonizado una hazaña. Con esta especie de patulea política no sólo se degrada la calidad de la democracia y la vida de los partidos que consienten tanto despropósito, sino que los ciudadanos tienen todo el derecho a huir, cual gato escaldado, de quienes permiten tan poco ejemplar e indigno estado de cosas.