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El campo canario parará para exigir que la Comunidad Autónoma garantice sus 30.000 empleos

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

El campo canario no descarta convocar paros antes de que se inicie la próxima campaña, a finales de agosto, para exigir en la calle al Gobierno regional que garantice el futuro de sus 30.000 empleos, que penden de un hilo si los empresarios del sector no reciben las ayudas comprometidas.

Así lo han anunciado hoy en una rueda de prensa tanto la patronal Fedex, como los sindicatos CCOO, UGT, Sitca, Stu y la Coordinadora de Aparcería Canarias.

Todos han transmitido “un SOS” ante la situación “agónica” que viven las principales zonas agrícolas de las Islas, después de que se hayan reducido a la mitad las subvenciones al transporte que concede el Estado y por los ocho millones de euros que adeuda el Gobierno canario de la anualidad 2010 de las ayudas del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (Posei).

Tanto los sindicatos como la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) han acusado al Gobierno canario de haber “abandonado” al sector agrícola en momentos de crisis económica, pese a que su potencial podría contribuir al desarrollo industrial de las Islas, mientras sigue compensando al turismo, ámbito en el que no se han creado nuevos empleos pese a los buenos resultados que ha registrado en los últimos años.

El sector hortofrutícola y el de flores cortadas y de exportación de Canarias han solicitado una reunión urgente con el presidente canario, Paulino Rivero, y la delegada del Gobierno en las Islas, María del Carmen Hernández Bento, a quienes exigirán “que cumplan” con los compromisos adquiridos con el campo del Archipiélago, que “no quiere limosnas, sino que se apueste decididamente por él, ya que es “viable, competitivo y un ejemplo en los mercados europeos”, ha afirmado Antonio Rodríguez, de Sitca.

Además, en esos encuentros, el sector agrícola canario pedirá a los gobiernos canario y español la aprobación de un plan que garantice su viabilidad durante los próximos 15 años y que se acometan en él actuaciones de “rehabilitación” como las que se impulsan para el turismo.