TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
El magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, César Romero Pamparacuatro, comunicó ayer a las partes implicadas que estimaba la solicitud de una medida cautelar que prohíbe a un docente tinerfeño -D.R.M.- aproximarse a una distancia de doscientos metros “a las víctimas, a sus domicilios y lugares de trabajo y/o estudio y mantener con las mismas cualquier tipo de comunicación visual, escrita, informática o telemática”.
Tal decisión obedece a la instrucción abierta en dicho juzgado a raíz de la denuncia presentada por dos menores de edad contra dicho docente por supuestos abusos sexuales, y había sido solicitada por los representantes legales de los chicos, la de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y la de uno de los propietarios del centro en cuestión, cuya sede principal se encuentra en la lagunera avenida de Las Mantecas.
Además, esta orden de alejamiento judicial impide al docente “aproximarse a menos de 200 metros del centro escolar Hispano-Británico o lugares donde se realicen actividades escolares o extraescolares del citado centro escolar”, de tal modo que su incumplimiento supondría que el afectado “incurriría en un delito de quebrantamiento de medida cautelar castigado, incluso, con pena de prisión”.
Sobre los motivos que han movido al magistrado a tomar tal decisión, se apunta en el auto -fechado el lunes pasado-, que tras la práctica de varias diligencias “se pueden inferir indicios suficientes” para ello.
“Probablemente creíble”
Así, y tras un relato de lo denunciado que no viene al caso dada la especial protección que la ley confiere a la intimidad de los menores de edad, el magistrado detalla que “a la mera declaración de las víctimas carentes de motivos espurios para denunciar unos hechos extremadamente graves, con un relato sólido y narrando circunstancias concurrentes en ambos casos, se une la contundencia que aporta la principal de las diligencias de investigación en este tipo de delitos, cometidos en la intimidad y bajo la cobertura de la creación de un escenario de confianza y dominación de la voluntad de las víctimas menores de edad por parte del imputado”, en referencia al examen psicológico sometido a los chicos por parte de los especialistas. Sobre los mismos, el auto afirma que tal “pericial psicológica ha revelado un grado de probablemente creíble [en mayúsculas en el original] el material incriminatorio aportado por los menores de edad y que avoca a la continuación del proceso donde ya es necesario adoptar cautelas para preservar tanto el buen fin de la investigación como para proteger los bienes jurídicos que las víctimas han visto lesionados como acotar las posibilidades, atendiendo a las concretas circunstancias personales que unen al imputado con el centro educativo que se utilizaba para obtener o generar la confianza de las víctimas, de realizar nuevos actos delictivos”. Se afirma además que la necesariedad de la medida deviene de que “los hechos tienen su origen en la relación de confianza que el imputado obtuvo de los menores como consecuencia del ejercicio de su profesión de profesor en el colegio Hispano-Británico”.
Además, “la exploración psicológica (…) revela la existencia de cierto temor por parte de los menores sobre la forma de actuar o modus operandi del imputado, lo que determina un riesgo”. Además, el magistrado destaca de ambas víctimas “que hasta el momento se ha puesto de manifiesto tienen en común unas características personales, sociales y culturales idénticas” entre las que incluye su “interés hacia los estudios y preocupación por su rendimiento escolar, siendo precisamente ese interés el que se puede revelar como excusa o motivo para crear un lazo de confianza que indujo a las víctimas a acercarse al imputado más allá de los estrictamente escolar” y que este aprovechó para obtener su confianza”.
“El gesto de superioridad que mantiene”
En el auto judicial dictado por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de La Laguna en el que se dicta una orden de alejamiento contra un docente denunciado por dos menores por supuestos abusos sexuales cabe destacar el hecho de que, entre las motivaciones que da del mismo el juez, se cita la necesidad de evitar que el profesor volviera al colegio “no en contadas ocasiones” después de que fuera imputado por los hechos que nos ocupan.
Según apunta el magistrado, tales visitas, realizadas a pesar de que ya se encuentra “carente de vinculación escolar o profesional con los alumnos”, se puede interpretar “en última instancia como un gesto de la superioridad que sigue manteniendo el imputado a través del dominio de hecho de las calificaciones [académicas] a través de la supervisión o a través del control de la actividad o rendimiento escolar de los alumnos, con la aquiescencia o permisividad de uno de los miembros de la dirección del centro educativo, a la sazón copropietario de la mercantil que regenta el colegio” y con el que le une una estrecha relación.
“Ya se intentó”
Va más allá el juez cuando desvela que tal actitud “aumenta el peligro del control de las fuentes de prueba sobre las que se han de practicar diligencias, ocultando, desvirtuando o impidiendo su práctica”.
Incluso, el magistrado llega a denominar las instalaciones educativas como “el origen o lugar de reclutamiento de las víctimas”.
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Cronología
Marzo-abril de 2011. El primero de los chicos presenta denuncia en La Laguna a cuenta de supuestos abusos por parte de su profesor que habrían tenido lugar durante una actividad extraescolar. Se le toma declaración al docente, que niega los hechos.
Marzo-abril de 2011. Unas semanas después de la primera denuncia, otro chico acusa al mismo profesor. La policía inicia entonces una importante actividad investigadora al objeto de delimitar el alcance del caso.
Septiembre 2011-enero 2012. La convivencia de la comunidad escolar se deteriora gravemente, lo que acaba forzando que el AMPA y parte de la propiedad del centro se personen en la causa como acusación.
Junio de 2012. Se dicta la orden de alejamiento contra el docente.
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