DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de la nación y el PP regional presionan para que la Comunidad Autónoma de Canarias pida ayuda financiera. Pero el Ejecutivo de Paulino Rivero (CC-PSOE) se resiste ante el temor a una intervención de sus cuentas públicas.
La ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad crea el denominado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un mecanismo adicional, de carácter temporal y voluntario, que permite atender los vencimientos de la deuda autonómica y obtener los recursos necesarios para financiar el endeudamiento permitido. Oficialmente, Canarias deberá responder antes del 31 de diciembre a un pago de 521 millones: 326 en concepto de amortización de deuda y otros 195 millones en razón a préstamos firmados con entidades financieras. Sin embargo, al ministro José Manuel Soria le salen “unos 1.000 millones”.
El lunes, el también presidente del PP en las Islas recomendó al Gobierno de Rivero que acuda al fondo de 18.000 millones de euros “si le hace falta” dinero. Al día siguiente, ese mismo partido emitía un comunicado en el que animaba al Ejecutivo a “asumir la realidad económico-financiera” y a “decir la verdad a los ciudadanos”. No obstante, el propio Paulino Rivero y el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, insisten en que Canarias está a salvo.
Al tratarse de un crédito, gestionado por el ICO, el FLA conlleva unas condiciones. La principal de ellas es el envío periódico de “información económica, financiera, presupuestaria y de tesorería con el objeto de evitar desviaciones”. De esta manera, el Estado se asegura que la Administración solicitante no supere el 1,5% del déficit. A fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos, la Comunidad Autónoma que recurra a este instrumento se verá obligada a realizar las modificaciones pertinentes en su plan de ajuste.
La regulación contenida en el real decreto ley 21/2012 pretende “incentivar la toma de decisiones acordes a la consolidación fiscal y la implantación de medidas correctoras en el menor plazo posible”.
Esto significa que el órgano de control interno de la Comunidad Autónoma asume, entre otras funciones, la “valoración de la vigencia y adecuación del plan de ajuste, la aportación de información para el seguimiento y el análisis de los peligros para la consecución de los objetivos”. En su defecto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas promoverá la modificación del plan. Si se observan “riesgos de incumplimiento”, la Intervención General ejercerá las “misiones de control” a su alcance.