JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Los ajustes impuestos por el Gobierno central no sólo están provocando problemas en los centros de salud y hospitales del Archipiélago. Hay otros sectores, como el del transporte sanitario, que también están padeciendo las consecuencias de algunas de las novaciones que dispone el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. Dicho documento, publicado en el BOE el 8 de junio, establece en una disposición transitoria que “los conductores y ayudantes de nuevo ingreso en las empresas de transporte sanitario deberán poseer el Certificado de Profesionalidad en transporte sanitario o título de Técnico en Emergencias Sanitarias”.
Como publicó este periódico el 19 de julio, la aplicación de esta nueva norma puede provocar serios problemas en Canarias, donde alrededor del 70% de los más de 1.700 trabajadores del sector no poseen la cualificación requerida. El motivo, según explica Carlos Ojeda, portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., es que “no se están ofertando las suficientes plazas ni se están poniendo en marcha las convocatorias de cualificación”. Por ello, y para evitar que se produzcan irregularidades, el sindicato ha pedido por escrito a los ministerios de Sanidad y Fomento que se pronuncien y aclaren los plazos y actuaciones que se llevarán a cabo, al objeto de facilitar la aplicación de la nueva normativa. Y es que el decreto establece que “los certificados individuales que acrediten los supuestos de habilitación se expedirán por las comunidades autónomas, a las que corresponde adoptar en el plazo máximo de dos meses las medidas necesarias para la aplicación, control y desarrollo de estas certificaciones”.
“Vencidos los plazos, se aplicará el Real Decreto puro y duro, por lo que aquellos trabajadores que no cumplan los requisitos podrían ser despedidos”, recalca el dirigente de CC.OO., que asegura que “el Gobierno quiere llevar el sector hacia la formación reglada formal, cuando la verdadera cualificación debe incidir y valorar el contexto productivo del trabajador que lleva desarrollando esta labor durante años”. La organización sindical, que se reunió recientemente con la Subdirección General de Ordenación Profesional, ha exigido a Sanidad y Fomento que aclaren la vigencia de la disposición transitoria y los plazos de que disponen las comunidades, ya que hasta ahora la única exigencia de formación que existía para el personal de las ambulancias era la que cita el convenio estatal, en cuyo artículo 66 se dice que “el personal debe realizar cada año un mínimo de 20 horas de formación, a cargo de la empresa, pero en horario no laboral, y en consecuencia no retribuido, al fin de alcanzar al menos 300 horas”.
De igual forma, CC.OO. se ofrece para convocar a los agentes sociales del sector del transporte sanitario para buscar el “necesario consenso”.
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Habilitaciones
Aunque aún están por ver los verdaderos efectos que provocará el nuevo decreto sobre las cualificaciones profesionales en el sector del transporte sanitario terrestre, CC.OO asegura que “la inmensa mayoría de los trabajadores serán habilitados para trabajar sin necesidad de cursar el grado medio de FP de Técnico en Emergencias Sanitarias, ni de obtener la certificación profesional, y los que aún no puedan ser habilitados por falta de experiencia laboral no podrán ser removidos de su puesto de trabajo por tal motivo”.
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