El Gobierno de España, entre 1931 y 1933, puso en marcha amplias reformas. Dejando a un lado la obsesión republicana con la Iglesia católica (llegaron a secularizar los cementerios), Azaña diseño un plan económico ante la situación del país que incluía la creación del Banco Agrario, la reducción del número de oficiales del ejército de 20.500 a 13.000, la definición de las tierras expropiables y la reforma de la legislación laboral con los jurados mixtos y las asociaciones profesionales. Todas estas medidas necesarias e impopulares desembocaron en una sonora derrota en las elecciones de 1933 (aunque no sólo por su política económica) del Partido Radical republicano y del PSOE, que benefició a los partidos de derechas (en especial a la CEDA). Ochenta años después los ayuntamientos deben abordar una amplia política de reformas con medidas tan impopulares que conducirán a muchos de sus actuales gobernantes a perder las siguientes elecciones. Pero deben hacerlo, porque de esta crisis no saldrán adelante aquellos entes locales que mantengan el capítulo I (gastos de personal) en índices que representen más del 30 por ciento de su presupuesto. Los municipios canarios han descartado la opción más rápida para recortar sus gastos: la eliminación de los más pequeños para fusionarse con localidades más grandes. Así que tan solo les queda una medida para garantizar sus servicios básicos: la insularización de competencias. Ante la mala experiencia de las mancomunidades (condenadas porque algunos no renunciaron a su protagonismo político), los cabildos deberán asumir servicios municipales, prestándolos en cada isla, con financiación a cargo de los ayuntamientos y una adjudicación única a entidades privadas cuando sea posible. La insularización se podrá realizar negociadamente o por la vía de los hechos consumados, ya que a muchos no les quedará más remedio. El servicio será así más eficaz (no tiene sentido camiones de basura de dos empresas en la misma calle de municipios limítrofes), más rápido (como sucederá al compartir los efectivos de las policías locales), y más barato, porque serán necesarios menos recursos materiales y humanos (con los recortes en el número de empleados públicos que ello implica). El año pasado planteaba la necesidad de subir los impuestos y reducir el número de trabajadores públicos. Algunos criticaron estas medidas. Sin embargo, todas las administraciones han puesto en marcha la primera medida. Y la segunda, también la harán.

*Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz