EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha autorizado a las corporaciones locales de menos de 95.000 habitantes a contratar a 1.562 parados de las islas, dentro de una convocatoria de proyectos generadores de empleo dotada con 9,5 millones de euros.
La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha señalado hoy en un comunicado que esta inversión permitirá, con la colaboración de los municipios, dar empleo a aquellos que “peor lo están pasando” en la actual coyuntura económica” y ha agregado que se trata de “un balón de oxígeno”.
Ramos ha recordado que esta convocatoria se suma a la recientemente aprobada para los cuatro grandes municipios del archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde) y que supuso una inversión de 3,5 millones de euros.
En su opinión, el Ejecutivo canario realiza “un gran esfuerzo” para mantener esta convocatoria después de las restricciones impuestas por el Gobierno central y, además, ha subrayado que las islas son “la única comunidad autónoma” que conserva estos convenios de contratación de desempleados, por un máximo de seis meses.
La consejera ha expuesto que el objetivo del Ejecutivo canario es desarrollar acciones para generar “un contexto favorable” de creación de empleo, mediante incentivos y estímulos que dinamicen la economía, así como a “la mejora de la cualificación” para elevar el grado de empleo de los ocupados y desocupados del archipiélago.
Asimismo, Ramos ha destacado la “cooperación” del SCE y los consistorios para promover acciones para dinamizar la economía y la creación de empleo y ha añadido que se procura potenciar “la territorialización” de las políticas activas de empleo para impulsar las “potencialidades de crecimiento” de cada comarca.
Esta iniciativa, que permitirá la salida de las listas de desempleo del archipiélago 676 parados en la provincia de Las Palmas y 886 en la de Santa Cruz de Tenerife, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo en un 80 por ciento.