DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Ejecutivo canario se ha apresurado a modificar la normativa para impedir la liberalización absoluta de los horarios comerciales. El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el anteproyecto de modificación del texto refundido de las leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y Reguladora de la Licencia Comercial. A partir del 1 de enero de 2013, la apertura autorizada de domingos y festivos quedará limitada a 10 días anuales, uno más que hasta ahora.

Este era un trámite derivado del real decreto ley de Medidas de Urgencia para el Comercio y los Servicios (20/2012, de 13 de julio). De no llevarse a cabo la adaptación, se aplicaría la liberación total.
Durante la habitual comparecencia ante la prensa, el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, argumentó que se trata de evitar un “perjuicio irreparable” para el pequeño y mediano comercio. Con esta iniciativa, explicó, se favorece la competitividad del comercio minorista y se protege el empleo en el sector.

El Ejecutivo regional sigue así las recomendaciones del Observatorio del Comercio de Canarias, un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Hace unos días, la titular del departamento, Margarita Ramos, anunció que se iba a facilitar la catalogación de municipios de gran afluencia turística para acogerse a la liberalización de horarios comerciales. Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna ya han mostrado su interés. Ramos avanzó en el Parlamento que, como la ampliación del número de festivos abiertos beneficia a los grandes comercios, la consejería “compensará a los pequeños y medianos para mantener el equilibrio”.

En el marco nacional, también se eliminan las licencias de apertura para locales de hasta 300 metros cuadrados.

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Marrero dice que Rajoy le niega a las Islas “hasta el agua”

El Gobierno autonómico eleva el tono en su protesta contra el, a su juicio, “trato injusto” de los presupuestos generales del Estado para 2013. “A Canarias, ni agua”, apostilló el portavoz en relación a la eliminación de las subvenciones a las plantas desaladoras. Al respecto, Martín Marrero alertó de que esta “aberración” encarecerá hasta en un 50% la factura doméstica del consumo de agua. “Si el anteproyecto no se corrige a su paso por las Cortes”, insistió, “el incremento será brutal.

Marrero detalló que el coste de la desalación ronda los 17 millones anuales. “En 2011 bajó a 9,7 millones y en 2012 se quedó en los cuatro millones y medio”, resaltó.

En la tendencia marcada por la Consejería de Obras Públicas, que llevar a los tribunales al Ministerio de Fomento, todos los departamentos del Ejecutivo “estudian las opciones jurídicas posibles para defender los recortes injustificado e indiscriminados”.

En otro sentido, el Ejecutivo ratificó los nombramientos de los miembros del Consejo Consultivo de la cuota gubernamental: Alejandro Brito, Carlos Millán y Antonio Lazcano.

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