¿Se acuerdan de los presupuestos participativos, esos de los que se llenaban la boca los políticos, casi siempre locales, la mayoría de izquierdas, cada vez que se aproximaban las elecciones? ¿O de aquella otra máxima, también muy al socaire electoral, que mentaba el “abogar por una mayor participación ciudadana” en órganos como los plenos municipales? Todas duermen el batial sueño de los justos en el cajón del olvido… ¿Y qué me dicen de las “quiméricas” iniciativas legislativas populares que, ora sí y ora también, chocan contra el muro parlamentario, donde residen los representantes de la soberanía del pueblo? Precisamente, los mismos que apelan y se desgañitan vociferando como mozos de feria por la participación de los votantes cuando llegan los comicios son los que luego obvian y ningunean cualquier atisbo de intervención de los ciudadanos en la cosa pública. La crisis económica ha activado el piloto que mantenía invernando a una buena parte de la ciudadanía, que ahora reclama más visibilidad que aquella que se le concede cada cuatro años. La regeneración democrática en este país deviene en precisa y urgente, a la par que inevitable, porque indefectiblemente va unida a los nuevos tiempos que corren, donde las redes sociales y otros elementos de comunicación digital confluyen en medios bidireccionales de intercambio de opinión y parecer. Poner puertas al campo resulta una tarea tan ardua como inútil, y menos ideas peregrinas, cuando no peligrosas, encaminadas a coartar derechos adquiridos como el de manifestación, tal y como hemos escuchado esta misma semana . No se trata de asambleizar la vida política, como apuntan despreciativamente quienes se oponen, porque sería estúpido e inviable, pero sí dotarnos de sistemas más participativos en un momento crucial para todos. La democracia no es una entelequia. Si algunos no se han enterado aún, ése va a ser su problema.