EFE |Bruselas
El Gobierno español debe consultar a la Comisión Europea y al BCE y solicitar asesoramiento al FMI antes de modificar la normativa sobre desahucios, porque las nuevas medidas podrían tener un impacto en el saneamiento del sector financiero y los objetivos fijados por la eurozona en el rescate a la banca.
“La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) no tienen que autorizar las medidas, pero ambas instituciones tienen que ser consultadas ‘ex-ante'” (previamente) y “solicitar el asesoramiento técnico” del Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron este jueves fuentes comunitarias.
El Gobierno español tiene que tratar el asunto con Bruselas y Fráncfort porque así se establece en el Memorando de Entendimiento que recoge las condiciones para el rescate bancario.
En ese documento consta que España tiene que consultar ‘ex-ante’ a la CE y el BCE sobre “la adopción de políticas relacionados con el sector financiero que no están incluidas en el Memorando de Entendimiento, pero que pueden tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa”.
También señala que, en este contexto, debe solicitar el asesoramiento técnico del FMI, recordaron las fuentes.
Las “políticas sobre desahucios entran efectivamente en esta provisión, ya que es bastante probable que puedan tener un impacto material en el cumplimiento de los objetivos del programa”, explicaron desde la Comisión Europea.
El Gobierno español aún no ha consultado a la troika sobre el cambio normativo que prepara, afirmaron las fuentes consultadas.