NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Las sentencias judiciales en contra de los intereses defendidos por el Ayuntamiento de Santa Cruz siguen llegando a la Corporación con la misma fluidez con la que cae la lluvia estos días. Ayer se conocía un nuevo fallo, esta vez del Tribunal Supremo, del que se desprende la nulidad del proceso de privatización del servicio de agua municipal por el que Sacyr Vallehermoso se hizo con la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) a cambio del pago de 54 millones de euros. La sentencia del Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra el fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que daba la razón a Guillermo Guigou, actualmente concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, en su petición de anular el acuerdo plenario de 2005. El Supremo alega “falta de justificación” en los argumentos del Ayuntamiento, que pedía la inaplicación de la sentencia del TSJC por ser gravemente dañosa para el interés general. El alto tribunal por tanto da por buena la sentencia del TSJC y condena al Ayuntamiento de Santa Cruz a pagar las costas del proceso.
Esta decisión, que no es recurrible, deja en una complicada situación la gestión del servicio de agua de Santa Cruz, aunque el Ayuntamiento afirmaba ayer, mediante un comunicado que esta sentencia no afecta al modelo de gestión ni supone cambio alguno en la situación actual. Algo que, una vez leída la sentencia, resulta cierto en parte, ya que el Tribunal Supremo no pone en duda que el Ayuntamiento de Santa Cruz pueda optar por el modelo de gestión que estime más conveniente para la prestación de servicios, solo establece que el proceso seguido para elegir ese modelo de gestión es nulo, por tanto sí que puede acarrear cambios en la situación actual.
Estos cambios, tal y como defiende el principal impulsor de este proceso, Guillermo Guigou, pasan por retrotraer la privatización de Emmasa a un nuevo pleno en el que se vote de nuevo si se opta por privatizar el servicio de agua o no. Guigou se felicitaba ayer de que, finalmente, “se confirma lo que venimos denunciando desde hace muchos años, una denuncia que ya ganamos y sobre la que ahora nos vuelven a dar la razón”.
PLENO EXTRAORDINARIO
Guillermo Guigou defiende que, “casi con toda seguridad se tendrá que celebrar un pleno extraordinario en los 15 días siguientes a su petición”. El edil de Ciudadanos aseguró que van a pedir que la sentencia se aplique de inmediato y que la próxima semana solicitarán, si cuentan con los apoyos suficientes, la convocatoria de esa sesión extraordinaria.
Guillermo Guigou, que interrumpió la celebración del pleno de ayer para anunciar la sentencia, señaló a DIARIO DE AVISOS que tuvo la oportunidad de hablar unos minutos con el alcalde al término del pleno y este entendió que la celebración de esa convocatoria para una nueva decisión sobre la privatización del servicio de aguas sería la solución más factible.
Mientras el Ayuntamiento defiende en el comunicado que la situación actual no se verá afectada, la misma nota reconoce que “los servicios jurídicos estudiarán ahora la fórmula más adecuada y conveniente a los intereses municipales para la subsanación de cualquier defecto formal respecto a su tramitación, de manera que no se vea perjudicado el servicio para los usuarios”.