EFE | Madrid

Los empresarios que impongan mediante engaño a sus trabajadores condiciones laborales o de Seguridad Social que les perjudiquen podrán ser castigados con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses. Así consta en una enmienda del PP al proyecto de reforma de ley orgánica del Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, debatido en la comisión de Justicia del Senado. Asimismo, recibirán el mismo castigo los empresarios que den ocupación simultáneamente a varios trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social.

Igualmente, se penará a los que en las transmisiones de empresas mantengan esas condiciones perjudiciales para los trabajadores, mientras que a los que lleven a cabo esas conductas con violencia o intimidación se les impondrán las penas superiores en grado. Esta enmienda junto con otra también del PP de carácter técnico han sido las únicas aprobadas de un total de 77 en el debate en comisión del citado proyecto. Además, el proyecto introduce una “rebaja importante” de la pena para quienes reduzcan el perjuicio causado a Hacienda regularizando los activos ocultos en dos meses.