JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
A la espera de la aprobación definitiva esta semana de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013, el panorama que se cierne sobre el Archipiélago no es alentador. Algunos colectivos, como el de los discapacitados, temen que los recortes puedan provocar tremendo “caos” en la atención y abocar al cierre a muchas entidades que llevan décadas trabajando en este campo. Y si el futuro no es halagüeño, el presente todavía menos. Uno de los portavoces de la Plataforma Tenerife Discapacidad, Raúl Cordero, asegura a DIARIO DE AVISOS que el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular adeudan a las asociaciones los tres últimos meses de lo pactado en los convenios de este año; y, lo que es todavía peor, aún no se sabe con qué dinero podrán contar el próximo ejercicio. “Nos han prometido que se mantendrá el dinero para dependencia, pero los recortes en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo suponen un duro revés”, denota Cordero.
En la misma línea se manifiesta el gerente de la Asociación Prominusválidos del sur de Tenerife (Prominsur), Ignacio Pacheco, quien reconoce que todavía no sabe si en 2013 podrán mantener los servicios prestan actualmente. “Los bancos no nos adelantan dinero, y las administraciones tampoco nos avalan, pero no podemos dejar de atender a estas personas”, subraya Pacheco, que deja claro que la actual “es la situación más complicada a la que nos hemos enfrentado en los últimos 20 años”. Prominsur, radicada en Granadilla de Abona, ofrece atención y formación y facilita la integración de personas con discapacidad, a las que además presta apoyo, asesoramiento y atención, tanto a ellas como a sus familias. La misma incertidumbre sobre el futuro expresa el gerente del Complejo Acamán de las Hermanas Hospitalarias, Juan Carlos Griñón, que cree que todos los problemas derivan del “nefasto” sistema canario de dependencia. “Cuanto más pequeña es la asociación, más problemas tendrá para continuar”, arguye Griñón, que confía en que el Gobierno regional y los cabildos mejoren la “coordinación”. Una demanda que también suscriben desde la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife (Aspronte), donde recuerdan que los datos de Canarias en cuanto a integración laboral de personas con discapacidad son los peores del país.
Así, según la última estadística elaborada por el INE sobre el empleo de las personas con discapacidad, el Archipiélago tiene el colectivo de personas con discapacidad que padece la mayor tasa de inactividad del Estado, un 72,4%.
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El Ejecutivo anuncia nuevos convenios
La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, informó la semana pasada al Consejo de Gobierno de la suscripción de los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad. Según el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, a este programa se destinan 85,7 millones, de los cuales, los cabildos aportan el 31%, y se beneficiarán 14.000 personas mayores con discapacidad y dependientes. A través de estas ayudas, Marrero aseguró que “se garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos, entre ellos, de las residencias de mayores, centros de día, servicios y programas de atención a discapacitados.
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