LUIS F. FEBLES | Puerto de la Cruz
La oposición lo tiene claro: pide la dimisión del concejal de Empleo y Seguridad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Luis Miguel Rodríguez (PP). También, sitúan en la diana al alcalde portuense, Marcos Brito (CC), por no emprender ninguna acción como máximo responsable municipal.
Tras la decisión de la Fiscalía Provincial de asumir la denuncia presentada por Izquierda Unida Canaria contra dicho edil por un presunto delito de malversación de fondos a raíz del gasto de 9.634 euros en su teléfono móvil corporativo en 2011, PSOE, Vecinos por el Puerto (VxP) e Izquierda Unida Canaria (IUC) vuelven a pedir la cabeza de un político que está en el centro de las críticas.
Así, el grupo municipal socialista, a través de su portavoz adjunta, Tamara Raya, lamenta “la mala imagen con la que tiene que cargar el Consistorio debido a las actitudes irresponsables de Luis Miguel Rodríguez”. En su argumentación desconfía de que el concejal encargado de Recursos Humanos consiga tener ahora “la altura de miras de la que ha carecido en sus años como responsable y dimita”. Para Raya, “la excusa dada por el denunciado de no conocer las condiciones del contrato no le exonera de haber hecho un gasto desmesurado”.
El PSOE no acepta las disculpas efectuadas por el popular respecto a la cantidad que supuestamente ha reintegrado en las arcas municipales. “De ser verdad que ingresó un total de 6.000 euros entre junio y julio de este año, le quedan por devolver 2.914 euros para dejar su gasto de telefonía en los 60 euros mensuales (720 anuales) que el grupo de Gobierno se marcó como tope”, apostillan.
Por su parte, VxP, que fue el grupo que sacó toda esta polémica a la luz, reafirma su lucha contra la gestión del edil. “No puede permanecer en su cargo ni un minuto más. El alcalde nacionalista debe comparecer y dar explicaciones por este asunto ya que afecta al dinero público y no se trata de un tema personal”, apuntan.
El portavoz de Vecinos, Jaime Coello, estima que ya es tiempo de que el mandatario tome una decisión y mueva ficha como máximo responsable municipal. Coello va más allá y recuerda que en varias ocasiones ha pedido las facturas de móviles corporativos y las cuentas con las llamadas realizadas, obteniendo una negativa como respuesta. “El regidor debe notificar el contenido de esas facturas”, sostiene convencido.
El concejal de IUC, Jonás González se muestra claro, pero también bastante cauto: “Los servicios jurídicos de Izquierda Unida llevaron a cabo la denuncia y hay que esperar que las diligencias sigan su curso”. González recalca que en su momento pidió que Brito cesara de sus funciones al edil por el uso excesivo que realizó desde su teléfono profesional.
Muchas preguntas y pocas respuestas que, por el momento, no serán respondidas por el afectado ni tampoco por su partido a nivel insular.
Aun así, Luis Miguel Rodríguez aseveró días atrás a este periódico que hará las declaraciones oportunas cuando sea el momento, en su idea de esperar por el pronunciamiento de la Justicia para aclarar y vislumbrar todo este asunto.