JOSÉ LUIS CÁMARA / VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
La educación canaria necesita mejorar. Así lo dictan indicadores como el informe PISA o la Comisión Europea, que sitúan al Archipiélago a la cola del continente en cuanto desarrollo educativo. En esos mismos términos se expresó ayer la la Comisión de Estudio sobre la situación de la Educación en el Archipiélago, cuyo dictamen fue aprobado por unanimidad en el Parlamento.
En dicho informe, que recoge las aportaciones de diez instituciones docentes, 20 colectivos y plataformas, 11 expertos, siete áreas del Gobierno y medios de comunicación, se deja claro que es necesario diseñar la política educativa “con acuerdos que trasciendan a la legislatura, por lo que debe buscarse el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales para lograr los niveles de calidad educativa, excelencia y equidad que Canarias necesita para su desarrollo, sostenibilidad y cohesión social”.
El documento, fruto de una comisión creada en la Cámara en la que comparecieron más de 70 personas, incluyendo representantes del profesorado, los padres y los alumnos, se extraen 26 conclusiones y propuestas que delimitan cuatro líneas estratégicas, plenamente interrelacionadas y que no se entienden las unas sin las otras, como son las que hacen referencia al profesorado, al mismo alumnado, las familias y los centros educativos. En este sentido, la comisión manifiesta que debe ser una “prioridad” la estabilidad del sistema educativo con el horizonte de 2020 y una política que llegue a un pacto social, político y económico, en torno a cuestiones como el valor social y económico de la educación; la financiación y las líneas para su desarrollo, “con el objetivo de equipararnos a la inversión media europea” y la “cooperación y coordinación con las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, con la inclusión de la educación no formal, en la que estas administraciones juegan un papel fundamental”. De igual modo, el dictamen subraya que es fundamental “la coordinación con entidades públicas y privadas en las iniciativas de formación para el empleo; y la participación del alumnado como actores principales del proceso educativo”.
Entre las propuestas concretas, el dictamen habla de “impulsar planes de formación continua del profesorado” y de “potenciar los claustros y consejos escolares, los equipos directivos en el ejercicio de la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión”.
Además, la Comisión valora la necesidad de “continuar con el proceso de modernización e internacionalización de las dos universidades canarias”. Para ello, deja claro que el Gobierno regional debe “apostar por un modelo de universidad pública de calidad orientada a la mejora del bienestar social, comprometida, por tanto, con el desarrollo social, cultural, educativo y económico de Canarias, reforzando la I+D+i adaptadas al mercado socioeconómico de las Islas”.
AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
En su dictamen, la comisión subraya que la mejora de las competencias y de las capacidades a corto y largo plazo son “piezas claves” de la estrategia conducente a la recuperación, el crecimiento, la productividad y el empleo”. Los sistemas de formación no sólo deben crear nuevas capacidades para nuevos empleos, sino que además deben mejorar la adaptabilidad y empleabilidad de los adultos que ya se encuentran en el mercado laboral. Por eso, el órgano ve esencial la “modernización de la Formación Profesional, las normativas regionales y locales, la diversificación de la misma y el impulso de la modularización y el fomento de consorcios entre entidades públicas y privadas”.