E. P. | Santa Cruz de La Palma

Las familias de Timibúcar y Mirca, durante décadas beneficiarias del disfrute de unas viviendas sociales en estado precario y arrendatarias de las mismas por cuantías de no más de 18 euros mensuales, pasarán a tener en las nuevas viviendas de la calle Galguén un contrato de alquiler por cinco años con una carga económica a la que algunos harán frente con muchas dificultades.

Es lo que piensan la oposición nacionalista en el Ayuntamiento y una parte de los vecinos, que no saben cómo se las ingeniarán para pagar 45 euros mensuales sólo en concepto de comunidad, a lo que se sumaría el pago de rentas que van desde los 4,26 a los 284 euros.

Asimismo el uso de los garajes supone el pago de cuotas que oscilarán entre los 23 y los 84 euros mensuales. Si bien el concejal de Urbanismo, Juan José Cabrera Guelmes, defendió los estatutos y el modelo de contrato de alquiler aprobados ayer en pleno asegurando que “ese dinero lo pagarán persona que tiene una renta suficiente” y defendiendo que se hace “justicia social”, la oposición puso sobre la mesa “las clausulas abusivas” que según explicaron “tratan a los inquilinos como propietarios, haciéndolos responsables de reparaciones y del mantenimiento de un edificio que en cualquier otro alquiler del mercado asumiría el propietario”.

Así lo explicó el portavoz de Coalición Canaria, Juan Felipe, quien recordó que “el propietario del edificio es el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que es el que cobra el alquiler a los vecinos” para a continuación subrayar que “la situación de deterioro a la que han llegado las viviendas y por lo que hubo que levantar otro edificio se debió a que el Ayuntamiento no cumplió con sus obligaciones”. Recordó al grupo de gobierno que “no se trata ahora de hacer negocio con estos alquileres”.