El BOE ‘notifica’ al Gobierno de Canarias el impacto ambiental
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ayer en la sesión de control. | DA
DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Paulino Rivero se quejó el lunes en el Parlamento de que su Gobierno no conocía aún el contenido completo de la declaración de impacto medioambiental de las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, aprobada en la víspera de la festividad de Canarias. Un día después del pleno extraordinario, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer los permisos de las catas exploratorias.
En la sesión de control al Ejecutivo, el presidente aprovechó una pregunta de la portavoz del grupo popular, Australia Navarro, para alertar de un “incremento de la tensión” con el Gobierno de la nación. Convencido de que el ministro de Industria y Energía, el canario José Manuel Soria, ha servido en bandeja los sondeos a Repsol, Rivero se huele que el departamento de Medio Ambiente está “cocinando” un informe negativo para frenar los trabajos previstos frente a las costas de Baleares. Es lo mismo que, a su juicio, se ha hecho con Canarias en el sentido contrario.
Navarro acusó a Rivero de alentar “una rebelión” contra los sondeos, “que cumplen la legalidad”, mediante un discurso plagado de “descalificaciones tendenciosas” durante el acto institucional del 30 de mayo en el Teatro Guimerá. Esa noche, unos manifestantes accedieron con una pancarta al escenario donde estaban los galardonados. “Confundió Canarias con Coalición Canaria”, proclamó la diputada del PP. “Ejerció de representante del nacionalismo oficialista amarrado al poder”, remachó. En esa confrontación dialéctica, Navarro repitió la consigna de que Rivero utiliza el cargo público para intentar repetir la candidatura de CC en las autonómicas de 2015. “Respete a los que no piensen como usted y abandone esos desahogos”, espetó.
El Supremo alarga las deliberaciones
El Tribunal Supremo seguirá deliberando en los próximos días para emitir su fallo sobre los siete recursos presentados contra las prospecciones petrolíferas en el entorno marítimo de Canarias.
El Supremo se reunió ayer para analizar estas demandas después de que el 28 de marzo aplazara su dictamen, previsto para el 1 de abril, para sumar más información al expediente. La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, es la encargada de emitir su dictamen, ya una vez que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dado el visto bueno a la realización de las catas exploratorias.
Los recursos han sido registrados por la Comunidad Autónoma, los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, WWW ADENA, Fundación César Manrique e Izquierda Unida. Se dirigen contra los permisos de investigación de hidrocarburos Canarias de 1 a 9.
En agosto de 2012, el Tribunal Supremo ratificó su decisión de rechazar la solicitud del Gobierno canario de suspender los permisos concedidos a Repsol, como había dictaminado en junio de ese año.
Aquellos dos autos no alteraron el ritmo de los planes de la petrolera, que entonces esperaba realizar a partir de 2014 hasta dos sondeos exploratorios para averiguar si en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura existe “hidrocarburo en cantidad y en calidad suficiente como para ser extraído en una posterior fase, alrededor de 2020. En previsión de un conflicto de soberanía con Marruecos, el Gobierno desatascó el estudio científico con el que se intentaba demostrar que la plataforma continental española va más allá de las actuales 200 millas desde la costa.
El real decreto 547/2012 convalidó los permisos de investigación de hidrocarburos otorgados en 2001 y añadía unos requisitos que no aligeraban los trámites. A los estudios de gabinete (trabajos en despachos) siguió la campaña sísmica, entre 2002 y 2004.
Recientemente, el 30 de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente desbloqueó la tramitación para la declaración de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) frente a las costas de las islas de Lanzarote y Lanzarote.
Tras el debate de la comunicación del Gobierno, en la jornada anterior, el Legislativo urgió a Mariano Rajoy a que responda a la solicitud de celebración de una consulta popular antes de la autorización definitiva de las exploraciones en busca de hidrocarburos y reiteró el “categórico rechazo” por las “graves consecuencias” que acarrearían.
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