T. F. | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ultima una normativa que obligará a las empresas que contraten servicios relacionados con los deportes de riesgo a informar y a formar. Es decir, que estas empresas tendrán por un lado que informar a las autoridades previamente a la realización de las actividades aludidas y, por otra, a dar un mínimo de formación a los que participen en las mismas.

Así lo confirmaron ayer a este periódico fuentes cercanas al Ejecutivo regional, que no dudaron en reconocer que, si bien la normativa se aplicará a todas aquellas actividades que -a efectos de las llamadas tasas por rescate son consideradas como de riesgo-, en el trasfondo de la decisión se encuentran los escandalosos datos de siniestralidad que se registran entre los turistas que practican parapente en las Islas.

Esa acumulación de accidentes lleva produciéndose desde hace años sin que parezca remitir con el paso del tiempo, al punto de que a mediados de marzo ya habían fallecido dos extranjeros y la media se elevaba a un siniestro de gravedad cada cinco días.

Negocios especializados

Sobre la efectividad de la medida hay que tener en cuenta que los especialistas señalan a las empresas especializadas como probable foco generador de este lamentable asunto. Ello se debe a que, como quiera que el servicio en cuestión (volar en parapente) ya está pagado y responden de ello estos servicios externos a los empresarios hoteleros, a la hora de la verdad se fuerza a los turistas a salir a volar a pesar de que las condiciones para ello no siempre sean las más óptimas para ello, tal y como han recordado en repetidas ocasiones los deportistas locales de esta arriesgada a la par que fascinante especialidad.

Así, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias pretende controlar más de cerca estas actividades para detectar lo antes posible a las empresas que registren mayor número de accidentes. Además, esa obligatoriedad de información a las autoridades supondrá un freno claro al intrusismo, al igual que forzará el necesario aseguramiento de los practicantes de parapente.
Por otra parte, el hecho de que tengan que formar a los practicantes de este tipo de actividades facilitará la adaptación (en la medida de lo posible) de los deportistas foráneos a las condiciones orográficas de las Islas, muy distintas de por ejemplo países como Austria, Francia o Alemania, nacionalidades donde la práctica del parapente se encuentra muy extendida. Basta con imaginar lo que supone el viento dentro de un barranco para comprender la importancia de esa adaptación.

Autoprotección

Este nuevo paso normativo de la Dirección General de Seguridad y Emergencias se enmarca dentro de una filosofía que ha imperado desde la llegada de su actual titular, Juan Manuel Santana, y que pone el acento en fomentar la autoprotección en todo lo que rodea a las actividades de riesgo. Precisamente por ello las llamadas tasas por rescate no implican cantidades desmesuradas, ya que se trata más de una medida disuasoria que de un afán recaudador o reparador del considerable gasto que supone a las arcas autonómicas cubrir un territorio tan complejo como es el del Archipiélago.

Las prácticas que se incluyen

La norma que prepara el Gobierno de Canarias para un mayor control de las empresas que contraten actividades de riesgo se aplicarán a las siguientes modalidades: submarinismo, travesía de natación, windsurfing, flysurf, esquí acuático, wakeboard, wakesurf, skurfer, motos de agua, bodyboard, surf, rafting, hydrospeed, piragüismo, remo, descenso de cañones y barrancos, puenting, goming, kite buggy, quads, escalada, espeleología deportiva, espeleismo, bicicleta de montaña, motocross, vehículos de motor en montaña, raid y trec hípico, marchas y turismo ecuestre, esquí, snowboard, paraski, snowbike, aerostación, paracaidismo, salto base, vuelo de ultraligeros, vuelo en aparatos con motor y sin motor, ala delta, parasailing y el ya referido parapente.