Llegó y pasó el 24M y se cumplieron las encuestas en lo relativo a que el bipartidismo PP-PSOE no desaparecería, aunque quedaría tocado, y a que los dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, iban a ocupar, con más fuerza y representatividad, los espacios hasta entonces ocupados por IU y UPyD. Y la ley electoral que en los momentos de la Transición sirvió para reducir la sopa de letras a unos límites razonables ha servido en esta ocasión para reproducirla, dando entrada a partidos y partidillos que, en gran número, representan más intereses personales -entre otros, los de intentar vivir de la política- que generales.

Ninguna ley electoral es perfecta y todas tienen sus pros y sus contras. El tan alabado sistema mayoritario británico, en que los candidatos se la juegan puerta a puerta en sus respectivas circunscripciones, da lugar a que los 4 millones de votos del euroescéptico Farage se hayan quedado sin apenas representación y a que los nacionalistas escoceses hayan obtenido 54 escaños con un número equiparable de votos. La ley francesa, con una segunda vuelta para que sea el pueblo el que decida qué formación de las dos más votadas, pero sin alcanzar la mayoría, gobierne, también está sujeta a críticas, al poder dejar a una tercera formación con un número de electores respetable sin representación. Y así, sucesivamente, en todas las demás.

El sistema proporcional español ha puesto en evidencia en estos momentos cómo se puede complicar, hasta límites de inestabilidad, la gobernabilidad de las instituciones, dejando abierto un período de negociaciones que para algunos debe conducir a un diálogo constructivo y enriquecedor y para otros puede desembocar en un pactismo coyuntural para tocar poder propiciando conflictos y abriendo un período, de aquí a las elecciones generales, en que las mociones de censura, por un quítame allá esas pajas, pueden prodigarse y crear más que bienestar malestar social. A raíz de los resultados de las elecciones autonómicas anticipadas por decisión de Susana Díaz, ella fue la que propuso instaurar un sistema de segunda vuelta para devolver al pueblo la decisión final de elegir a sus gobernantes, propuesta que no tardó en secundar Mariano Rajoy, más proclive en sus declaraciones previas a establecer que fuera la lista más votada la encargada de formar gobierno. Ambas propuestas llegaban tarde porque pareciendo conveniente -y hasta necesaria- la reforma de la ley electoral, debió y pudo hacerse a su debido tiempo por el PSOE y el PP y no in extremis. Ahora mismo parece imposible, por lo que habrá que atenerse a la realidad que convierte a las principales instituciones del país en auténticos mosaicos más parecidos a los aparentemente anárquicos de Gaudí en el Parque Güell que a los más ordenados de los monumentos romanos.

En Canarias, los ayuntamientos y cabildos registran los mismos avatares que las instituciones de todo el país, pero en el nivel autonómico es determinante la triple paridad sancionada en el Estatuto de Autonomía, para unos arbitrariamente injusta y para otros razonable, al tratar de compensar la preponderancia -y hasta abuso- de las dos islas mayores sobre las cinco menores, además enconada en el irreductible pleito insular, que ya se trató de equilibrar con la Ley de Cabildos de 1912 y que mejoraría aumentando la representatividad y las asignaciones económicas a estos organismos insulares, perfectamente identificados con el territorio, y limitando al máximo las competencias y el intervencionismo -y el gasto- del Gobierno regional, necesario para armonizar las aspiraciones insulares.

Con este panorama en todo el Estado, falta por ver si se abre un poco conveniente período de inestabilidad al que aboca la inminencia de unas elecciones generales, ante la que las distintas formaciones tratan de nadar y guardar la ropa, unos sin contaminarse pactando y otros desdiciéndose de sus promesas de no hacerlo con los antisistema.
Sería un edificante ejercicio de responsabilidad iniciar un período de diálogo y entendimiento que genere confianza en los inversores, que ahora mismo parecen que no la tienen, y que no detenga la recuperación económica que, siendo manifiesta, el Partido Popular no ha sabido vender a una ciudadanía que, por este fallo y por la corrupción -que, siendo equiparable, parece pasar más factura a la derecha que a la izquierda- le ha dado la espalda.