El mandato terminará sin que la auditoría a Aqualia esté finalizada y, por lo tanto, sin que los portuenses puedan conocer el estado en el que se encuentran los tramos de la red afectados por las restricciones de los últimos tres años, tras la caída de la cubierta del depósito de La Vera, en abril de 2012.

La concesionaria del servicio de agua potable en el municipio no ha terminado de aportar toda la documentación requerida por la empresa Tragsa, responsable de hacer la auditoría, confirma a este periódico el responsable municipal de Concesiones Administrativas, Lope Afonso.

El contrato tiene una duración de dos meses. En marzo se le hizo un primer requerimiento a la concesionaria para que en el plazo de 10 días presentara todos los datos necesarios. La empresa constató que no podía enviarla debido al gran volumen de material y por eso la puso a disposición en sus instalaciones. Sin embargo, “al formalizarse la visita por parte de los técnicos de Tragsa tampoco estaban todos los datos solicitados”, manifiesta el concejal.

Vistas a las instalaciones
Explica que el estudio se divide en dos partes, una material, que consiste en la visita a las instalaciones y comprobación de la red, que ya se ha comenzado, y otra administrativa, para la cual es indispensable aportar toda la documentación. El trabajo será una buena guía para saber todo lo que hay que exigirle a la concesionaria para brindar un servicio correctamente. Las conclusiones dejarán claro las mejoras que se deben acometer, salvo que entienda que la red está en perfecto estado, alguno “muy poco probable”, según indicó meses atrás el edil.

Afonso no puede dar plazos de finalización, pero sí confirma que la auditoría no estará terminada antes del 24 de mayo y que le tocará al Gobierno en funciones hacer un análisis de la situación si se culmina antes de la toma de posesión de la nueva Corporación local. Eso no quita, añade, “que se pueda tener un avance para saber si lo que está en la documentación coincide con lo que se ha hecho o se comprueba una falta de mantenimiento de la empresa. Al menos lo voy a intentar”, promete.

De no hacerlo en los próximos días, el concejal de Concesiones Administrativas no descarta abrir un expediente sancionador a la empresa por incumplir su compromiso.

Afonso quiere dejar claro que la dificultad para poder cumplir el contrato “es por parte de la empresa. No ha habido falta de voluntad por parte del grupo de gobierno, que quiere conocer el estado de ese tramo de red”.