El último pleno ordinario del Ayuntamiento de Candelaria en el presente mandato, y por tanto del alcalde durante 14 años, José Gumersindo García Trujillo, contó con la memoria anual de la Defensora del Ciudadano, una institución alabada por todos, incluso por la oposición, y única en Canarias desde 2008.

Elena Peraza se despidió del cargo, al menos en este mandato, alertando del incremento de quejas recibidas durante 2014 con respecto al año anterior, si bien muchas de las mismas se recibieron por colectivos como los del ARI Antón Guanche o las plataformas contra las antenas de telefonía o en defensa de los animales.

En concreto, la oficina de la Defensora del Ciudadano, recibió el año pasado 78 quejas individuales y 1.681 colectivas, casi el doble de las recibidas en 2013, que totalizaron 16 y 675 respectivamente.

En el extenso resumen explicado por Elena Peraza durante una hora a través de un powerpoint, destacó el aumento considerable en las quejas en sanidad (20) y la empresa municipal Epelcan (10), estas últimas debido a las irregularidades en la rehabilitación de las viviendas de Antón Guanche o los precios de la piscina municipal, destacando en el aspecto positivo la disminución considerable de quejas sobre Aqualia, “gracias al cambio del jefe de servicio ahora te responden en menos de 48 horas”, comentó Peraza, y al de Obras y Servicios, alabando el trabajo del concejal Ramón Gil, ahora de baja por enfermedad.

La Defensora del Ciudadano también destacó que las consultas ciudadanas subieron a una media semanal de 25/28 y que de las quejas admitidas, 8 se pasaron al Diputado del Común y 78 al Ayuntamiento.

Elena Peraza agradeció la confianza del alcalde y de todo el Consistorio y recibió los elogios de José Gumersindo García y de la oposición, tras ser ovacionada por un “trabajo imparcial”.

[sws_grey_box box_size=”620″]Pagos, más tarde

-29,5 dias. Después de rebajarse el pago a proveedores hasta dos semanas, en el primer trimestre de 2015 el aumento ha sido considerable, al pasarse a 29,5 días, casi el límite que marca la Ley. La factura electrónica y el retraso de algunas concejalías, los culpables.

-La casa del alcalde. Durante el pleno volvió a salir la presunta ampliación ilegal de la casa del alcalde. Hace dos semanas, según denunciaron los ediles no adscritos, la APMUN, por orden judicial, midió los metros cuadrados de la vivienda de José Gumersindo García.

-73.000 euros de facturas. La polémica surgió con el reconocimiento extrajudicial de facturas por valor de 73.461,17 euros, pese al reparo del interventor por procedimiento ilegal. La mayoría de ese dinero es para la empresa que cubre el transporte a la demanda

-El Plan de Empleo, al juzgado. El alcalde y el concejal de Personal tendrán que declarar en el Juzgado de Güímar el 10 de junio, así como 35 trabajadores por contrataciones ilegales.[/sws_grey_box]