“Si el Gobierno de Canarias revoca la autorización al municipio para verter en Cabo Llanos, nosotros no permitiremos que La Laguna y El Rosario traten sus aguas residuales en la depuradora de Santa Cruz, porque no tendremos capacidad para hacerlo y tendremos que depurar solo las aguas del municipio”. Así de categórico se mostró ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, al referirse al expediente que el Gobierno de Canarias ha abierto a la capital por verter más agua de la permitida al mar así como el deficiente tratamiento previo que se le está aplicando, una tramitación que podría terminar con la revocación del permiso actual, tal y como advirtió el Ejecutivo canario al municipio de Santa Cruz.
El alcalde, en declaraciones a Cope Tenerife, explicó que el inicio del citado expediente se origina en la revisión de oficio que el Gobierno de Canarias está haciendo de los condicionantes que en su día se pusieron para verter al mar cierta cantidad de agua, insistiendo en que “si eso termina en una desautorización, nosotros no vamos a depurar aguas de los otros dos municipios y no lo haremos porque no podremos, porque la única posibilidad de seguir haciéndolo es que esa autorización por parte del Gobierno siga vigente”.
Bermúdez quiso dejar claro que, de tomarse esta decisión, “no es porque el Ayuntamiento de Santa Cruz no sea solidario” argumentando que lo haría, “obligado por las circunstancias”. El problema que tiene Santa Cruz radica en que la depuradora no tiene capacidad para tratar el agua de los tres municipios más la que llega a la estación de bombeo de Cabo Llanos, agua ésta última que es la que, con un tratamiento previo, se vierte al mar. Según el alcalde, los ayuntamientos de La Laguna y El Rosario conocen el problema: “Yo se lo he anunciado por escrito y están al tanto de la situación”, por lo que entiende que algo tendrán que decir sobre el asunto.
Bermúdez explicó que la situación que se ha creado en torno a la depuradora pasa por sentarse todas las administraciones implicadas. “Habrá que hablar con el Consejo Insular de Aguas y con el Gobierno de Canarias y abordar el problema en su globalidad, porque este no es un problema solo de Santa Cruz sino de todo el área metropolitana”. “Y si no se quiere ver así -continuó- entonces en Santa Cruz solo se depurarán las aguas del municipio y ninguna otra”.
Coste
El alcalde detalló que, “si como consecuencia de ese expediente hay un sobrecoste por seguir vertiendo esas aguas al mar, con una mejora en los procedimientos a aplicar, es un coste que desde luego habrá que asumir entre las tres administraciones que vierten agua en esa depuradora, es decir, La Laguna, El Rosario y Santa Cruz”. El alcalde defendió en todo momento que “el sobrecoste no lo va asumir solo el vecino de Santa Cruz”.
Preguntado por si el hecho de que Cabildo y Gobierno regional estén gobernados por CC facilitará el acuerdo, Bermúdez señaló que “este es un asunto en el que la política tiene poco que decir, aquí tenemos que ver el asunto desde un punto de vista técnico y voy a defender los intereses de mi ciudad, sin ser insolidarios, porque hasta la fecha hemos sido, no solidarios, sino muy solidarios”. El alcalde añadió que, “si ademas de esa solidaridad hay una incomprensión por parte del Gobierno de Canarias y se nos desautoriza para que una parte de esas aguas se pueda verter como hasta ahora, o la que sea en el futuro mientras se lleva a cabo la ampliación de la depuradora, no vamos a asumir más responsabilidades de las que nos toca como municipio”.
[sws_grey_box box_size=”100″]Una ampliación de 18 millones de euros
El Gobierno de Canarias, en la comunicación hecha al Ayuntamiento de Santa Cruz, advirtió de que el Consistorio no puede escudarse en que es el Estado el que debe asumir la ampliación de la depuradora, obra que Bermúdez señala como la única solución posible a los vertidos. “La ampliación de la depuradora es la solución definitiva porque la capacidad actual no es suficiente para depurar la totalidad de aguas que llegan a Cabo Llanos y Buenos Aires”, recordaba ayer el alcalde.
“Nosotros tenemos una autorización del Gobierno de Canarias que, con una serie de condicionantes, nos permite verter parte de ese agua al mar, eso evidentemente no es el ideal, lo ideal sería poder depurar todas las aguas y para eso necesitamos ampliar la depuradora, una obra que ya ha asumido el Estado con un coste de 18 millones”.
Según el alcalde, en estos momentos, “se está terminando de actualizar el proyecto porque era un poco antiguo, y el Gobierno. Lo único que tiene que hacer el Estado es sacar a concurso la obra y ejecutarla, y en eso estamos”.[/sws_grey_box]