El exalcalde de El Rosario, que lo fue durante 32 años, Macario Benítez y la exconcejala de Urbanismo, Ana Lupe Mora, así como la todavía secretaria municipal de ese Ayuntamiento, Anita Alonso, son tres de los siete imputados que se sentarán hoy en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife por un presunto delito de prevaricación urbanística.

El juicio por el llamado caso Varadero, resultado de una denuncia de Escolástico Gil, líder de IR-Verdes y hoy alcalde, se celebrará hasta el día 16 en que quedará visto para sentencia.

El veterano alcalde socialista Macario Benítez Gil que abandonó la política antes de las últimas elecciones y Ana Lupe Mora, hoy portavoz de Vecinos por El Rosario tras ser expulsada del PSOE precisamente por estar imputada por este caso, se exponen a penas de ocho años de inhabilitación. Se les acusa de aprobar en 2004 un plan parcial para una urbanización de mil viviendas que el Plan Insular del Territorio (PIOT) califica de suelo rústico de protección ambiental, y ocultar además en el expediente llevado al pleno municipal que en 2002 esta operación urbanística se topó con informes negativos del Gobierno de Canarias y del Cabildo, además de omitir informes de la arquitecta municipal que advertían del PIOT y de la Ley de la Moratoria.

También ha sido citados hoy en calidad de imputados, tres concejales socialistas de aquella etapa, Abel Acosta, Andrés Hernández García, Laurentino Quintana y Elba Delgado, para el martes, a las nueve y media de la mañana está citado el actual alcalde y primer denunciante del caso, Escolástico Gil.

Ana Lupe Mora ha venido afirmando públicamente que se limitó a aprobar un expediente con informes favorables, pero en su declaración ante el Juzgado en 2009 reconoció que “sabía que había informes desfavorables y condicionados a que se arreglaran una serie de cuestiones para la aprobación del plan parcial” y ha repetido en muchísimas ocasiones que “si hubiera votado en contra, con el informe favorable de la secretaria, también estaría prevaricando·.

Macario Benítez, antes de abandonar el bastón de mando que llevó durante 32 años en El Rosario, manifestó sobre el juicio que se inicia hoy que “todos los imputados vamos a seguir defendiendo nuestra inocencia. En muchas ocasiones hemos repetido con el caso Varadero que no ha habido recalificación urbanística y tengo que recordar que esos terrenos están contemplados en las Normas Subsidiarias, desde 1991, como suelo apto para urbanizar de uso residencial turístico y posteriormente así recogido en el PGO por la Consejería de Política Territorial” .

Cronología
Según las informaciones publicadas en este periódico por Vicente Pérez, el líder de la oposición, Escolástico Gil, advirtió hasta en siete plenos diferentes en varios años al PSOE de que el plan era ilegal. El alcalde le invitó a ir a los tribunales, y así lo hizo.

En 2002, la Cotmac tenía informes en contra de Varadero. Uno del Servicio de Carreteras del Cabildo, otro de la Dirección General del Territorio del Gobierno (por el PIOT y la Ley de la Moratoria) y un tercero de la Consejería regional de Turismo, por este último motivo. En 2003 un informe del Cabildo ve “incompatible” con el PIOT urbanizar esta zona. También la arquitecta municipal hizo dos informes en que advertía de la citada situación jurídica.

El plan de Varadero acumula una larga jurisprudencia en su contra: un auto y 5 sentencias, tres de esas resoluciones anteriores al visto bueno de la Cotmac. Cerró el litigio el Supremo en 2011, tras recurso del promotor, Amador Díaz, que pedía una indemnización de 4,1 millones de euros por no poder urbanizar.