El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo para regularizar la situación tributaria en el municipio, con el establecimiento de un grupo de trabajo formado por técnicos de ambas instituciones que analizará cada una de las figuras tributarias. Así se expuso en un encuentro entre el concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez, y el director general de Patrimonio y Contratación del Ejecutivo regional, Arturo Cabrera, informó la Corporación local en una nota.
Martínez expresó su satisfacción por la pronta respuesta del Gobierno de Canarias “y la predisposición demostrada tanto por la consejera del área, Rosa Dávila, como por el director general”, y quiso destacar que “la situación se ha ido regularizando de forma importante en los últimos años, y ya hay diversos tributos que se están abonando puntualmente”. En este sentido, remarcó que “el trabajo se ha culminado en el caso del impuesto de vehículos de tracción mecánica para los automóviles titularidad de la Comunidad autónoma, así como con el pago de la tasa de basura de negocios”. Se ha iniciado igualmente en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y se espera que en el año 2016 se hayan puesto al día en el caso de los edificios públicos.
Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la cifra del IBI que adeuda el Gobierno de Canarias por los edificios públicos alcanzaría los 680.000 euros, por tanto debería ser esta la cantidad satisfecha en 2016. El concejal de Hacienda no quiso confirmar si se producirá el desembolso de una sola vez, aunque afirmó que “hay que depurar la cifra, pero todo lo que son edificios públicos se abonará”.
Caso especial tendrá la consideración del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), donde se tendrá que realizar un estudio pormenorizado de la situación registral de cada inmueble y proceder a su regularización catastral. De hecho, el Ayuntamiento capitalino estudia la posibilidad de incrementar al máximo legalmente permitido las bonificaciones a las viviendas protegidas con el fin de facilitar su abono por parte del Gobierno.