La Guardia Civil anunció ayer el desmantelamiento de lo que considera una organización criminal que, al igual de lo acaecido en la provincia tinerfeña, tiene como centro de actuación la Gerencia territorial del Catastro en Las Palmas, en donde han sido detenidos hasta tres de sus trabajadores y cuyo objetivo final era, básicamente, la usurpación de propiedades inmobiliarias. El esquema ahora descrito por el Instituto Armado es prácticamente idéntico al que ya provocó una redada en la Oficina de la provincia tinerfeña en junio de 2014.

Aunque nada indica que ambos casos estén conectados, las coincidencias son hasrto apreciables. Si en el caso descubierto ahora en la Oficina grancanaria son tres los empleados públicos arrestados, aquí fueron dos, pero todos como presuntos autores de una pléyade delictiva: estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, prevariación, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y pertenencia a organización criminal.

Igual que en el caso tinerfeño, la nota remitida por la Comandancia de la provincia oriental señala que la trama en cuestión “presuntamente indujo a engaño a varios notarios para que redactaran una serie de protocolos notariales que, o bien no se ajustaban a la realidad, o duplicaban la titularidad de un bien o propiedad”, si bien aquí entre los arrestados figuró un exempleado de una notaría lagunera.

Sobre el modus operandi, en Gran Canaria (donde el total de arrestos se eleva a nueve tras una investigación iniciada en marzo pasado) era el siguiente: “mediante la utilización de inscripciones catastrales y protocolos notariales, a través de contratos de compraventa privados falsos con personas ya fallecidas, elevaban a público los traspasos de las propiedades afectadas, dándoles así características de legalidad, todo ello sin conocimiento de los propietarios reales de los terrenos usurpados”.