El Gobierno de Canarias reconoció ayer que solo uno de los cinco helicópteros que actualmente ofrecen el servicio de emergencias cuenta con la grúa para rescates, y que confía en que tal deficiencia esté solventada antes de que finalice el año.
Se trata de la única adversidad surgida a cuenta del cambio de concesionaria de la empresa que suministra estas aeronaves al Grupo de Emergencias y Seguridad (GES) en la que coinciden tanto el Ejecutivo autonómico como un grupo de empleados del mismo que, de forma anónima, han elaborado un manifiesto en el que denuncian otras irregularidades. Otro punto muy llamativo de este conflicto pasa por el hecho de que más de la mitad de los pilotos son de nacionalidad polaca: desde el Gobierno apuntan que cuentan con el exigible certificado de español, pero sus compañeros discrepan de que ello se traduzca en un dominio del idioma aceptable para sus funciones.
Por lo que respecta a la grúa, se trata de un elemento clave para todos los rescates que se realizan en el mar y la gran mayoría de los que tienen lugar en tierra. Ello obliga a un complemento por parte de otros servicios, como se comprobó recientemente en La Palma, cuando los rescatadores del helicóptero no dudaron en tirarse al mar para salvar a un alemán de 72 años en apuros, pero luego tuvo que ser una embarcación de Salvamento Marítimo la que transportase a tierra a rescatadores y rescatado. Explica fuente gubernamental tan autorizada desde la perspectiva técnica como es el jefe de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Humberto Gutiérrez, que solo el helicóptero con base en Tenerife cuenta con la grúa operativa. Otro más (con base en Gran Canaria) también está dotado con dicha grúa, pero su autorización se espera antes de final de mes. En cuanto a los otros tres (con base en La Palma, La Gomera y Lanzarote), carecen de la misma, aunque la nueva concesionaria (una unión temporal de empresas denominada HASA-EURAL) ha prometido que antes de final de año se relevarán estos helicópteros por otros nuevos que sí contarán con la grúa en cuestión.
Especialmente curioso resulta el tema de los flotadores. El manifiesto apunta que ninguno de los cinco helicópteros dispone de flotadores, una cuestión a la que da importancia, ya que el Archipiélago cuenta con “1.500 kilómetros de costas y más de 30.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Eso implica que aproximadamente el 75% del tiempo de vuelo se realiza sobre el agua”. Gutiérrez da una clave para comprender tal ausencia, ya que asegura que el hecho de que la práctica totalidad de los vuelos que se realizan sobre el mar no llegan a los 20 minutos de duración, lo que impide normativamente -sostiene- exigir tal condición en el pliego de condiciones.
Tanto el caso de la grúa como el de los flotadores implica, al parecer de los trabajadores que han impulsado el manifiesto, que “los rescates se dilatan en el tiempo y ello retrasa que el afectado reciba atención médica especializada”. Así ocurrió en el caso de La Palma, ya mencionado, o en Vallehermoso (La Gomera), donde la Guardia Civil transportó en andas a una senderista accidentada hasta un lugar en el que el helicóptero pudiese operar y llevarla a San Sebastián.
Ajeno al control gubernamental resulta la denuncia que hacen los trabajadores contra la nueva concesionaria, al sostener que se les presionó para que eligieran “entre cumplir con sus responsabilidades o arriesgarse a perder su puesto de trabajo”, una actitud que llegan a calificar duramente y que consideran muestra de que la empresa prima sus intereses y que “con tal de asumir el servicio, está dispuesta a todo”.
En cuanto a la polémica sobre el primer día de servicio, el manifiesto insiste en que las aeronaves no estaban a tiempo en sus bases, mientras que el Gobierno resta importancia al asunto e insiste en que se actuó con pleno respeto a la legalidad vigente.
Cuestionado acerca de una visión conjunta del asunto, Gutiérrez afirma con rotundidad que “no se ha dejado de hacer ni uno solo de los rescates”, y que pronto se habrá normalizado la situación.
Atrás queda un áspero proceso en el que la anterior concesionaria, Innaer, presentó recursos que frenaron el proceso en su esperanza de conservar un contrato que, entre los seis años fijos y los dos prorrogables, suponen un total de ocho millones de euros que ahora serán para otros.