El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tiene previsto un sistema de subvenciones ni promover un plan de empleo social para la rehabilitación de viviendas históricas.

La Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Santa Cruz de Tenerife ha informado hoy en un comunicado de que el consistorio no promoverá un sistema de ayudas ni buscará el apoyo de instituciones supramunicipales para un plan de empleo social con el que contratar a parados de la construcción para un programa de rehabilitación de fachadas, públicas y privadas.

Tampoco abrirá procesos participativos en los conjuntos históricos para definir programas anuales de mejora de inmuebles y espacios públicos dotados de financiación, como pedía esta asociación, más allá de la participación prevista en la redacción de los planes especiales de protección pendientes.

El Ayuntamiento también ha rechazado elaborar un informe sobre qué fondos públicos puede captar la ciudad de la Unión Europea, el Gobierno canario o el Ejecutivo central, dado, que, según la asociación, hasta que no estén en vigor los planes especiales de protección, no es posible solicitarlos.

En la reunión que la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Santa Cruz de Tenerife mantuvo con los concejales de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Carlos Garcinuño y Yolanda Moliné, respectivamente, no se pronunciaron sobre la petición de solicitar a la Unesco fondos para rehabilitar el patrimonio histórico de Anaga, al ser Reserva de la Biosfera.

Igual suerte corrió la petición de que se refuerce la unidad administrativa de Urbanismo dedicado a Patrimonio Histórico, incluyendo nuevos profesionales especializados en materias como economía o historia.

Según la asociación, el Ayuntamiento se ha comprometido a agilizar la tramitación de los planes especiales de protección de los cascos históricos, de modo que el de El Toscal esté en vigor durante 2016 y, en 2017, los de El Antiguo Santa Cruz y Los Hoteles Pino del Oro.

Asimismo, fomentará el mecenazgo para rehabilitar monumentos como el cementerio de San Rafael y San Roque, acortará el otorgamiento de licencias a 30 días para las de obra mayor y concederá de forma automática las de obra menor mediante declaración responsable.

También celebrará unas jornadas que reúnan a propietarios, profesionales e instituciones para analizar los problemas y las posibles soluciones para recuperar el patrimonio histórico público y privado, e igualmente a promoverá un debate en el pleno municipal, con carácter anual, sobre la gestión en esta área.

La asociación había exigido que este año se reactivara el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, que no se reúne desde 2009, aunque tal medida, según la concejal, se producirá en el primer trimestre de 2016.

Además, por otra parte, Garcinuño y Moliné se comprometieron a proponer al área de Hacienda incentivos fiscales como la bonificación del 50% en el Impuesto de Obras y Construcciones para todas las viviendas catalogadas, la exención del IBI también a todas las catalogadas, aunque no se pronunciaron sobre la petición de bonificar o aplazar el pago de la licencia de apertura de empresas de pymes o autónomos en viviendas históricas, según la asociación.

Dice la asociación que Garcinuño señaló que su prioridad es la planificación pues, una vez en vigor los tres planes especiales de protección en 2017, comenzará a movilizarse la inversión privada y se podrán captar esos fondos públicos europeos y estatales.