A pesar de que ni la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, ni la secretaria municipal del Ayuntamiento de Güímar, Marisa Santos, fueron convocadas a dos reuniones celebradas la semana pasada en el Cabildo para tratar sobre la creación de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Valle de Güímar, las tesis que esgrimen el Consistorio güimarero y los empresarios del polígono se imponen sobre el borrador de estatutos consensuados el 8 de octubre. La oposición del secretario del Cabildo al acuerdo, por considerar ilegal la participación económica de la entidad (75.000 euros anuales) en la EUC ha sido el principal detonante para buscar otra alternativa al ente de conservación que los secretarios municipales de Candelaria y Arafo habían dibujado en base a 20 años de vigencia, período al que se oponían los empresarios, respaldados por el Ayuntamiento de Güímar.

Ahora, la solución que se baraja para salir del atolladero es crear un consorcio que permite la participación del Cabildo y crear un ente de mantenimiento para cuatro años y a partir de ahí sea prorrogable.