santa cruz de tenerife

Un estudio detecta cerca de 5.000 puntos conflictivos de accesibilidad en la capital tinerfeña

Foto EP
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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha presentado este lunes el Plan Municipal de Accesibilidad, un documento que recoge casi 5.000 puntos conflictivos y cuya ejecución requiere una inversión que supera los 20,2 millones de euros para alcanzar un grado de accesibilidad universal del 85% en un plazo de cuatro años.

El documento, para cuyo desarrollo se ha contado con el trabajo de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), fue dado a conocer en una rueda de prensa que contó, además del alcalde, con el concejal de Accesibilidad, Carlos Correa; la responsable de Accesibilidad de Sinpromi, Dulce Torres, entre otros.

José Manuel Bermúdez explicó que el Plan Municipal de Accesibilidad es un documento “pionero en Canarias” donde se plantean actuaciones para mejorar la accesibilidad de Santa Cruz. Permite, además, tener un diagnóstico “real” de cuál es la situación de la ciudad en esta materia y establecer una hoja de ruta donde se plantean soluciones a corto, medio y largo plazo.

El alcalde subrayó que los criterios que ha tomado Sinpromi para elaborar este plan son “exigentes y realistas”, pero también quiso dejar claro que la accesibilidad no sólo es un problema de inversión, sino también un “concepto mental” en el que toda la sociedad tiene que estar implicada, incluidos las empresas y los profesionales que se dedican al mundo del proyecto.

Por su parte, el concejal de Accesibilidad señaló que el Plan de Accesibilidad va a marcar “un antes y un después” en la forma de pensar y actuar de los técnicos municipales en esta materia, y habló de la posibilidad de conseguir fondos europeos para su financiación.

Asimismo, dijo que es un plan “muy transversal”, en el que intervendrán todas las áreas del Ayuntamiento, pues lo que se pretende con este documento es que cada una contribuya a reducir el alto índice de inaccesibilidad que padece la ciudad.

URBANISMO

La responsable de Accesibilidad de Sinpromi, Dulce Torres, detalló que el Plan Municipal de Accesibilidad está centrado en tres grandes bloques: urbanismo, edificación e infoaccesibilidad, y contempla también dos capítulos individualizados para formación y sensibilización.

Para el primer bloque de Urbanismo, los técnicos han analizado un total de 544,93 kilómetros, 7.088 vados, 338 paradas de guaguas y 568 plazas de aparcamiento. También se han incluido itinerarios peatonales, análisis de las pendientes, anchos de acera, ámbitos de paso y movilidad.

De todos ellos, se han detectado 4.936 puntos conflictivos (3.433 elementos de urbanización y 1.503 elementos de mobiliario) por mal estado del pavimento, jardines particulares que invaden las aceras, papeleras o farolas mal colocadas, etcétera, realizándose propuestas de solución concretas para cada uno de ellos.

Para este apartado se requiere una inversión de 15,5 millones de euros, repartidos en vados, para lo que será necesario un presupuesto de 6,9 millones; elementos de urbanización (6,1 millones); mobiliario urbano (2 millones) y plazas y parques (372.000 euros), hasta alcanzar un montante de 15,5 millones de euros.

Los datos del informe reflejan que el 45% de los itinerarios peatonales son accesibles, aunque muchos no están conectados, y el 29% son inaccesibles. En cuanto a los puntos de cruce, el 46% cuentan con rebajes de pasos de peatones accesibles, el 12% son practicables y el 42% son inaccesibles.

Con respecto a las pendientes de la ciudad, el 71% son accesibles, el 18% son practicables y el 11% son inaccesibles. Los ámbitos de paso de las aceras son accesibles el 76%, el 2% son practicables y el 22% son innaccesibles. En cuanto al ancho de las aceras, el 78% son accesibles, el 19% son practicables y el 3% son inaccesibles.

Los resultados del documento, de la misma manera, cifran en el 19% en nivel de accesibilidad de las paradas de guagua; del 4% en plazas y parques, y del 2% en plazas de aparcamiento reservado. El análisis también indica que le 28% de las plazas y parques son practicables, mientras que el porcentaje para las paradas de guaguas es del 10% y el de las plazas de aparcamiento reservadas es del 1%.

Por último, establece que el 68% de las plazas y parques son inaccesibles porque no cumplen con una accesibilidad integral, por ejemplo por la falta de mobiliario o espacios de juegos adaptados a personas con discapacidad; mientras, en las paradas de guaguas es del 71% y del 97% en el caso de las plazas de aparcamiento reservadas.

EDIFICACIONES

En la parte de edificación, el documento ha evaluado 128 edificios municipales, entre las que figuran 75 instalaciones deportivas y 53 de tipo administrativo y cultural. Esos análisis se han basado en criterios normativos y, cada uno de ellos, viene acompañado de un informe con establecimiento de propuestas, nivel de prioridad y presupuesto.

Los datos recabados arrojan que el 7% de los edificios administrativos y culturales cumplen con los parámetros de accesibilidad universal, mientras que en el caso de las instalaciones deportivas es apenas el 1%. Además, el documento establece que el 57% de los primeros son inaccesibles, un dato que crece hasta el 76% en el caso de las instalaciones deportivas.

A nivel global, el 68% de los edificios municipales son inaccesibles. Por dicho motivo, se requiere una inversión de 4,2 millones de euros, desglosados en 906.593 euros para edificios administrativos y culturales, y 3,3 millones para instalaciones deportivas.

INFOACCESIBILIDAD Y FORMACIÓN

El capítulo de Infoaccesibilidad contempla un presupuesto de 210.000 euros, de los que 140.000 euros serían para la adaptación de las páginas web corporativas, 50.000 euros para accesibilidad multimedia, 10.000 euros para productos de apoyo y otros 10.000 euros para la adaptación de los puestos de acceso público.

En el capítulo de Formación y Educación se han ejecutado ya nueve acciones con los funcionarios municipales, que tendrán continuidad durante 2016, para ofrecer un servicio de atención a la ciudadanía de calidad, sin que se produzca discriminación por razón de discapacidad, movilidad o comunicación reducida.