La oposición parlamentaria reclamó ayer al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que someta a debate en el Parlamento el destino que tendrán los 160 millones de euros anuales procedentes del antiguo Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), a los que ha renunciado el Ejecutivo estatal. El presidente del grupo parlamentario del PP, Asier Antona, tacha de “chapucera” la forma en la que el jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, ha gestionado este asunto, y la portavoz de Podemos, la diputada Noemí Santana, cree que CC “ha utilizado criterios meramente partidistas y no el del interés general” en esta iniciativa, que temen se vaya a “obras para beneficiar a los empresarios de siempre”.
Clavijo firmó la pasada semana con los cabildos (excepto el grancanario, disconforme en la forma y en el fondo) un compromiso para desarrollar este plan, con una dotación de al menos 1.600 millones de euros en una década, y el objetivo de “impulsar un nuevo modelo productivo” para Canarias, con miras a rebajar la tasa de paro, hoy superior al 28%, hasta niveles próximos al 10% en 2026. En próximas fechas también firmará este acuerdo la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Pero para llegar hasta este punto, en los últimos meses se vivió una polémica a raíz de que Clavijo llegara a apoyar la propuesta, lanzada por la Federación Canaria de Islas (Fecai), para repartir estos fondos según el criterio de la triple paridad electoral, que es como se distribuyen los escaños por islas y provincias en el Parlamento, y sobrerrepresenta a las islas menos pobladas. Idea que luego descartaría Clavijo.
Desde el PP, Antona incide en que el presidente del Gobierno regional “ha gestionado rematadamente mal” este asunto, “tanto en la forma como en el fondo, creando un lío monumental en lo que era una magnífica noticia para Canarias, que el Estado renuncie a esos fondos”. A su juicio, Clavijo “ha ido improvisando cada paso y con una falta de consideración por los grupos parlamentarios”. Para el diputado popular, “se trata de un tema lo suficientemente importante como para no darle la espalda al Parlamento canario, cuando debería estar participando activamente en este debate, por lo que estaremos muy vigilantes sobre los criterios de reparto y la hoja de ruta que al final se marque”.
Desde el Grupo de Podemos, Santana también criticó a Clavijo “por obviar a los representantes del pueblo que hemos sido elegidos de las urnas, pues habló antes con la patronal que con los parlamentarios”. Defiende el partido morado que los 160 millones anuales deberían destinarse a planes de empleo social, a políticas que creen empleo digno y de calidad, y para la prestación canaria de inserción y aplicar la Ley de Dependencia. Observa la diputada de Podemos que la mayor parte de esos fondos irá a parar a infraestructuras que, si bien algunas son necesarias, “en manos del Gobierno canario pueden acabar teniendo un afán especulativo para ayudar a los de siempre”.
Duda también Podemos de que, tal como está formulado el plan y con la dotación que tiene, pueda promocionarse como “la pócima” para curar todos los males de la economía canaria, con cerca del 30% de paro, un desempleo juvenil de casi el 60% y precariedad en nueve de cada diez nuevos contratos. Dicho esto, Santana comprende las críticas del presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales (NC), “porque detrás de la Fecai está sobre todo CC y puede ser un plan de más de lo mismo”.