Doña Dolores Ripoll es abogada del Estado y anda atareada con eso del caso Nóos; bueno, más bien por el de doña Cristina, que la tiene a mal traer. Y la tiene porque aquí, en un país consecuente que se llama España, las cosas de la justicia son según y a quién, y ha de probarse bien el según para el quién. Ya lo hemos acreditado: el juez instructor del caso Gürtel está fuera de la magistratura, y al que se le ocurrió meter en la cárcel al provecto señor Blesa, ese de Bankia, también. Y sin juicio manifiesto para ninguno de los dos casos muchos años después. Por ambos lados anda pendiente el PP y en lo que afecta a la economía… De manera que en este asunto dos que comparten: el Estado y la infanta, que parece que aún no lo ha dejado de ser. El asunto es el según y el quién dichos. Es decir, realeza aquí intocable. Y no es que la magnificencia haya de ser modélica, cosa que se le exige, sino que lo es por Decreto Ley. Como las biografías de santos, de las que desaparecen las vaguedades que afectan al cielo. Eso ocurre. Y cuenta la abogada del Estado que Hacienda no somos todos; eso es una broma de mal gusto o la parte dilecta de los spots publicitarios; o sea, no es así. Y uno pone disgustos sobre la mesa. Por una conferencia cobrada de 200 euros, reserva de la declaración anual. Y no digamos la que le ha caído encima al pobre Monedero, al que no le ocurre lo mismo que al lindo diputado de las comisiones por ventas varias en el extranjero o los trabajos extras del diputado tal del PP, experto en asuntos de corrupción. Los dos en su sitio; ya han retirado el acta. Porque ellos se lo ganan, por listos; el resto al furgón. Confirman: depende de donde venga el supuesto delito existe o no acusación pública en materia tributaria. O sea, que si Manos Limpias se mete contra uno del narcotráfico, bien; la infanta no. Así se estampa: nueva ley de enjuiciamiento del PP: un robo para comer de 400 euros puede conllevar pena de cárcel; a los políticos de turno ni siquiera reconvención. Glorioso.

La abogacía del Estado y la fiscalía son claros: doctrina Botín, porque ni los unos ni los otros acusan; bien al contrario. Entonces doña Cristina libre como los pájaros después de pagar la multa en cuestión, que ya abonó. Es decir, en un país democrático cual se precia, la abogada del Estado y la fiscalía del Estado, atados muy cortos por el PP, lo que nos vienen a decir es que nos andemos con cuidado. Imponen considerar las deducciones, no los comportamientos, en tanto hay temas por los que el Estado se ve obligado a elegir. De donde, si conviene la excepción (aunque sea dolorosa) se superpone y arrasa a la convicción (aunque forme parte de los principios universales de convivencia); quiero decir que algunas veces el Estado declara la guerra aunque haya muertos. Y aquí el punto: el muerto puede afectar al rey y… Lo que nos dicen la provecta abogada y la vetusta fiscalía es que la excepción tiene dueño. No somos partícipes del privilegio, o sea, en la próxima declaración lo mismo. Entonces, si se confirma el caminito por el que estos se mueven, puede ocurrir que al Estado, con abogadas dadivosas y fiscalías de bien, se le ocurra que los de menos de 160 cm sin lengua, que ya está bien; para hablar, altura, dar la talla. Si eso acontece, ni corriendo se salvarán los pobrecitos.

No hay delito, pues, para quien usa su condición en comprar lindos palacios con el dinero reunido ilícitamente; caso Botín. Además, ya cumplió: marido plebeyo. Urdangarín es el que aguantará el bofetón. Por imbécil.